La tranquilidad que le había dado la Corte Constitucional al Gobierno y al mismo proceso de paz, al declarar la exequibilidad del Marco Legal para la Paz, dio un giro inesperado, que podría complicar los planes en La Habana (Cuba).
El miércoles en la noche se conoció el comunicado oficial del alto tribunal sobre el fallo emitido el 28 de agosto, en el que, sorpresivamente, los magistrados difieren de lo dicho inicialmente por el presidente de la corporación, Jorge Iván Palacio, y aclaran un aspecto que muchos ya daban por superado en el difícil camino que ha tenido que recorrer la reforma: la suspensión total de las penas.
Mientras que hace unos días la Corte no se había referido expresamente a este aspecto, sino a la adopción de unos mecanismos de justicia transicional, en caso de una eventual desmovilización, como el juzgamiento solo de los casos más graves y que comprometan la violación de los derechos humanos, en el nuevo pronunciamiento oficial se excluye la posibilidad de una suspensión total de la ejecución de la pena, para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, cometidos de manera sistemática.
Esto implicaría necesariamente que muchos de quienes aspiran a llegar al Congreso, en caso de darse un acuerdo de paz, como los integrantes de la comisión negociadora, no podrían hacerlo, pues tendrían que pagar cárcel por sus acciones.
Dicha posición ha sido rechazada de manera contundente por los delegados guerrilleros, quienes una y otra vez han insistido en que no fueron a La Habana, para pagar un solo día de cárcel.
El que sí celebró la decisión de la Corte Constitucional fue el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, uno de los que más había defendido la idea de que la suspensión de penas implicaba impunidad para las víctimas.
“Permitir que los máximos responsables, sean guerrilleros o militares, de hechos atroces como secuestros y falsos positivos, no cumplan ni un solo día en la cárcel, hubiera convertido cualquier proceso penal en su contra en una farsa. La decisión de la Corte es una victoria monumental para los derechos de las víctimas”, sostuvo Vivanco.
La suspensión de penas fue uno de los puntos frente a los cuales el Gobierno Nacional inició una cruzada, no solo en el Congreso, sino en la misma Corte, toda vez que el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que es imposible investigar todos los crímenes cometidos en casi 50 años de conflicto armado.
Santos también ha reiterado las complejidades de hacer justicia, reparar a las víctimas y al mismo tiempo alcanzar la paz en Colombia.
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