El gobernador Rendón solicitó la nulidad a suspensión de órden de captura contra criminales
El recurso solicitante alega vicios constitucionales y busca frenar la libre circulación de estos sujetos para garantizar la seguridad regional
06 de abril de 2026
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La Gobernación de Antioquia formalizó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspende las órdenes de captura de 23 individuos vinculados a estructuras delictivas. Esta medida judicial incluye una solicitud de medida cautelar de urgencia con el objetivo de interrumpir de forma inmediata los efectos del acto administrativo emitido en el marco de las mesas de paz urbana del Gobierno Nacional.
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El gobernador Andrés Julián Rendón fundamenta el recurso en la presunta vulneración de principios constitucionales, señalando fallos en la legalidad y en la separación de poderes. Según la argumentación presentada, la decisión administrativa afecta el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y contradice las normas vigentes que regulan la restricción de la libertad para personas con procesos penales activos.
La administración departamental sostiene que la suspensión de estas capturas impacta directamente en las condiciones de seguridad de la región. El documento radicado busca evitar que los beneficiarios de la resolución circulen sin restricciones por áreas metropolitanas y municipios específicos, argumentando que la vigencia de las órdenes judiciales es necesaria para el mantenimiento del orden público.
El mandatario estatal manifestó que el proceso busca corregir lo que considera vicios graves en la expedición del documento por parte de la Fiscalía. La acción jurídica se produce tras un anuncio previo realizado a finales de marzo, consolidando la postura del gobierno regional frente a las políticas de beneficios carcelarios otorgados en el contexto de los diálogos de paz.
La demanda pretende que se reactiven los requerimientos judiciales contra los cabecillas mencionados en la resolución. La decisión queda ahora bajo el análisis del Consejo de Estado, organismo encargado de determinar si el acto administrativo cumplió con los requisitos legales o si debe ser anulado para restablecer las medidas de aseguramiento previas.
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