Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Miércoles, 26 de septiembre de 2012

La Procuraduría ordenó la terminación de la actuación disciplinaria y dispuso el archivo de la investigación adelantada al actual gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, por una supuesta inhabilidad.

El Ministerio Público determinó que no existe mérito para continuar el proceso al estar demostrado que Fajardo no incurrió en conducta irregular para ser censurada como falta disciplinaria. La acción disciplinaria inició a partir de queja presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Redver, según la cual el actual gobernador de Antioquia se encontraba inhabilitado al momento de su elección porque fue socio y miembro de la junta directiva de la Fundación Carulla, entidad que suscribió contrato con la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el municipio de Medellín.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa concluyó que no existe prueba alguna de que Sergio Fajardo hubiera realizado diligencias para el logro de la suscripción de los actos contractuales mencionados ni que hubiera tomado la vocería de los mismos para obtener un rédito en pro de su campaña. Así mismo, consideró que no intervino en la gestión de negocios ni en la celebración de contratos suscritos por la Fundación Carulla con el municipio de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro del año anterior a su elección.

De otro lado, el Ministerio Público ordenó abrir investigación preliminar en contra del alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, por presuntas irregularidades presentadas en el despido y terminación unilateral del contrato individual de trabajo a término indefinido de 16 trabajadores oficiales. A Zuluaga se le indagará a raíz de la denuncia presentada por varios de los ex trabajadores afectados con dicha medida, quienes aseguran que el pasado 27 de febrero recibieron comunicación a través de la cual se daba por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo, invocando una de las cláusulas, pero sin presentar una motivación objetiva, manifestando que cumplieron sus funciones sin ningún llamado de atención y de acuerdo al memorando que día a día se les entregaba, adelantando funciones de recolección de escombros, cortar césped, o actividades de pico y pala, razón por la cual no comprenden el motivo de la terminación de sus contratos de trabajo.

Denuncian una posible obstrucción a la justicia por parte de dicho alcalde, quien contestó la acción de tutela interpuesta por los trabajadores, quienes reclamaban sus derechos fundamentales, sustentando los despidos por tener el municipio deficiencias de maquinaria y equipos de la Secretaría de Infraestructura, aduciendo que ese número de trabajadores desbordaba la capacidad operativa de la dependencia y continuar con esa carga prestacional representaría un detrimento patrimonial para el municipio.

Además, la Procuraduría estudiará el caso en el cual, el secretario de Gobierno Guillermo Asprilla, quedó absuelto.