Gobierno Petro habría acordado estudiar excarcelación de exparamilitares en Valledupar

Era 24 de octubre de 2025. El Gobierno nacional, la directora del Dapre, Angie Rodríguez; el asesor de Presidencia Víctor de Currea Lugo, con el apoyo de Jorge Arturo Lemus, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia; y el ministro del Interior Armando Benedetti se reunieron con once jefes de los paramilitares que habían sido nombrados por el Gobierno como gestores de paz. El supuesto propósito de la reunión en octubre, siete meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, era cerrar el acuerdo de Ralito, la mesa en la que los paras se sentaron con el Gobierno Nacional para empezar el camino de la desmovilización. En realidad no se entiende por qué se le llamó el pacto de Ralito a esta nueva etapa en el Gobierno Petro si los antecedentes a esa mesa fue después uno de los escándalos más grandes de la para política.

Esta fue la voz de la entonces jefe de la Presidencia que en manifestaciones ondeaba la bandera de la guerra a muerte del presidente Gustavo Petro. “Este día histórico es un paso fundamental para que el país pueda sanar las heridas. Hay una verdad que se sabe en las etapas judiciales pero el país no la conoce (…) es necesario cerrar este proceso que lleva más de 20 años”, dijo Rodríguez.

La reunión tardó cuatro días y de ella surgió un documento que los paramilitares firmaron. En él no quedaron explícitos los motivos que Rodríguez terminó aceptando solo hace unos días en los medios de comunicación: que declararan contra Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, todavía en vida, y Abelardo de la Espriella, quien ya era uno de los candidatos que punteaba en las encuestas y se preveía podría ser el competidor del Gobierno, como en efecto ocurrió. Pero sí se puede ver cómo, a pesar de que los paras dijeron que no declararían sobre nombres puntuales, sí quedaron varios compromisos para buscar información anterior que no los pusiera en riesgo sobre nuevas revelaciones.

La FM habló con dos fuentes que estuvieron presentes en esa reunión. Cuando los altos funcionarios del Gobierno llegaron a la mesa y presentaron la propuesta de nuevas supuestas revelaciones sobre la participación de paramilitares en la política, los paras, once gestores de paz, dijeron que no. ¿Por qué? Porque no se pondrían en riesgo sobre los delitos de falso testimonio o fraude procesal cuando años atrás habían negado ya conocer la participación de esos políticos por los que otra vez les preguntaban, siete meses antes de las elecciones: Jorge 40, Edward Cobos Téllez, alias Diego vecino, Mancuso, Macaco, El alemán, los hombres del terror que por décadas asesinaron a poblaciones enteras de civiles con las prácticas más bárbaras en masacres que dejaron un recorrido de sangre por todo el país, algunos de los cuales fueron conducidos desde la cárcel solo para esa reunión con toda la presteza del Gobierno para lograr la logística.

“La verdad lograda requiere una mayor audacia para que el país la conozca”, dice el documento en uno de sus apartes. Y luego explica en el punto dos las barreras de la seguridad jurídica para conseguir las nuevas declaraciones en la estrategia electoral del Gobierno.

“Identificamos una serie de obstáculos que generan inseguridad jurídica, la cual podría ser un nuevo problema para revisar de manera sistemática el largo acumulado de verdad que ya se ha recopilado en diferentes procesos jurídicos, académicos y políticos. Por lo anterior, el Estado garantizará que la contribución a la verdad se realice en condiciones de justicia restaurativa y no de impunidad”, como si se tratara de un micro acuerdo con los paras montado sobre el proceso de Justicia y Paz para contar la verdad y recibir a cambio justicia restaurativa.

Más adelante, el Gobierno les prometió a los paras que por sus nuevos testimonios no habría riesgos jurídicos. “A pesar de los avances, para un sector de la sociedad, la verdad de la economía y la política detrás del fenómeno de las autodefensas tiene temas pendientes y este proceso abordará esos dos temas, a partir de la información disponible, del interés general, y de la seguridad jurídica de los implicados”.

El Gobierno prometía un caramelo. Dice el documento que uno de los compromisos, a siete meses de las elecciones, era “explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión así como de revisar las condiciones de reclusión mientras se concreta su situación jurídica”.

El Gobierno, a través de Angie Rodríguez, ofreció la excarcelación de los paras y mejorar sus condiciones en las cárceles a cambio de información que pudiera ser provechosa en octubre de 2025 antes de mayo. Y luego, Rodríguez y Benedetti salieron a los medios a cobrar ante el presidente los resultados de tal gestión.

“Nos hemos reunido con 16 gestores de paz designados. Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad, verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia, sobretodo a la verdadera clase política, al establecimiento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos. Ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad o sustentándose en lo que se deba”, afirmó Benedetti.

No contentos con las promesas de beneficios carcelarios o excarcelación, el Gobierno hablaba incluso de las penas a los actores más sanguinarios de la historia del conflicto. “Se propone retomar la iniciativa de colonias agrícolas, como una forma de de resocialización de aporte productivo a las comunidades”.

Más adelante, se demuestra el afán del Gobierno. El compromiso que, contrario a lo que dijo Salvatore Mancuso, sí quedó firmado por los paramilitares, iniciaba con un objetivo para que los paras en los siguientes diez días hábiles enviaran una actualización del plan de trabajo con tareas puntuales para la implementación del acuerdo que había sido pactado.

Aunque Mancuso dice ahora que los paramilitares señalaron que no hablarían de los tres nombres tras la confesión de Angie Rodríguez, en el documento que firmaron sí se comprometieron a elaborar planes de trabajo para contar nuevos hechos y revisar, en la práctica, las condiciones para un nuevo proceso de justicia transicional sobre la desmovilización de Justicia y Paz con amplios beneficios. No se puede olvidar que Mancuso compartió sombreros y se abrazaba con el presidente Gustavo Petro mientras que este era Gobierno. Solo hasta el cambio del Gobierno le pareció relevante decir que esa administración les realizó presiones presuntamente ilegales para que contaran otros hechos.

En un párrafo más, el Gobierno incluso promete la revisión de la extradición. “El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de las gestorías de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”. Aunque varios de esos paramilitares ya habían pagado sus penas en Estados Unidos, algunos todavía permanecían en cárceles en el país sin haber pisado el territorio norteamericano.

El último párrafo habla de la relevancia y el compromiso del Gobierno con La Paz total. Si bien en estos documentos no quedaron los tres nombres que según Rodríguez eran el principal interés del Gobierno para las nuevas y veloces declaraciones que les pedían a los paras, sí será un insumo para la justicia porque queda clara la intención de ofrecer todo tipo de beneficios, desde la reubicación carcelaria hasta la revisión de la extradición, con el fin de que los paramilitares hablaran en medio de la campaña electoral.