Gobierno objeta proyecto sobre los requisitos para los cargos directivos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella objetó el Proyecto de Ley 056 de 2024 de la Cámara y 345 de 2024 del Senado, en la cual, la iniciativa impulsada por el Centro Democrático que busca prohibir la reducción de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal del orden nacional.

El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, explicó que el Ejecutivo considera que la iniciativa invade competencias del Gobierno relacionadas con la organización de los empleos públicos y modifica el alcance de algunas funciones del Consejo de Estado. Además, señaló que la regulación propuesta resulta innecesaria porque ya existen requisitos mínimos establecidos en el Decreto Ley 770 de 2005.

El proyecto aprobado por el Congreso establecía que no se podían reducir de manera individual los requisitos técnicos o profesionales para ocupar cargos directivos. En caso de que una entidad considerara necesario disminuirlos, debía realizar estudios técnicos y contar con conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Para el Gobierno, estos trámites adicionales podrían generar mayor burocracia y retrasar la provisión de cargos, especialmente en áreas que requieren incorporar rápidamente perfiles especializados. La Presidencia puso como ejemplos sectores como la inteligencia artificial y la transición energética, en los que considera necesario contar con mecanismos más ágiles para atraer talento.

La administración también sostuvo que una política de selección demasiado rígida podría limitar el acceso de jóvenes profesionales, mujeres y personas calificadas de distintas regiones. Ante ello, planteó avanzar en mecanismos de búsqueda de talento y herramientas digitales que permitan fortalecer el mérito y ampliar las posibilidades de ingreso al servicio público. Esto abrió además un nuevo choque político con el Centro Democrático, que defendía la iniciativa como una medida para preservar la meritocracia en los cargos públicos.