Colprensa Miércoles, 24 de septiembre de 2014

Sin embargo, minutos después de este anuncio, se publicó en la página web de la delegación de paz de las Farc un comunicado conjunto en el que se ratificaba que esta divulgación de los acuerdos alcanzados corresponde a algo pactado entre las dos partes de la Mesa de Conversaciones y que por lo tanto no rompe la confidencialidad de la misma, pues como lo dijo el presidente Santos “estos acuerdos se divulgaron ante la prensa nacional e internacional, en el momento en que fueron acordados”. 

Tomando en cuenta que desde el inicio del proceso de paz se afirma que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”, lo que se publicará por las delegaciones, no son más que acuerdos parciales o ‘borradores de acuerdos’. Así se confirma en el Comunicado Conjunto # 44 emitido hoy 24 de septiembre que dice textualmente que “como muestra de transparencia, decidimos hacer públicos los textos de los borradores conjuntos”. 

Los documentos relacionados con los acuerdos están ahora disponibles en la página http://www.mesadeconversaciones.com.co

El desarrollo agrario 
Entre los borradores que se divulgarán está el del primer tema de la agenda de conversaciones que habla sobre la política de desarrollo agrario en Colombia. Sobre este tema, el Gobierno y las Farc acordaron la conformación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita que contará con millones de hectáreas provenientes de distintas fuentes las cuales serán distribuidas entre los campesinos despojados. 

Esta distribución se realizará priorizando a los desplazados y a mujeres cabeza de familia. Esto estará complementado por programas de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras recuperación de suelos donde sean necesarios proyectos productivos, de comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor, así como provisión de bienes públicos. 

Esto incluye también la formalización de propiedades, lo que significa otorgar títulos de propiedad de manera gratuita, masiva y progresiva a todos los campesinos colombianos que ocupen o posean predios. 

Se realizará una actualización del catastro rural para establecer un impuesto predial progresivo. Igualmente, se establecerá un ‘Plan de zonificación ambiental’ que señale la delimitación de las áreas de frontera agrícola y las de manejo ambiental especial, con miras a la protección de la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional. 

Cada uno de estos programas sería previamente acordado con la participación directa de la comunidad, de tal modo la solución al problema agrícola y de tierras se implemente de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y de cada territorio. 

La participación política 
En este punto se acordaron las garantías para la participación política de la oposición, de tal forma que no se estigmatice, ni se ataque a la población que desee hacer oposición al gobierno que esté al mando en el momento. Esto será válido, tanto para la oposición formal en las instancias políticas, como para la informal en las instancias sociales. 

También se garantizará un acceso igualitario a los medios de comunicación, especialmente los que sean de carácter público o comunitario. Las comunidades serán capacitadas en el uso de equipos para que puedan emitir o publicar sus historias y opiniones en los medios de comunicación. 

Todo esto será vigilado de cerca, tanto por las instituciones formales que integran los órganos de control, como por la misma sociedad civil a través de veedurías ciudadanas. El Gobierno deberá atender los llamados de estas veedurías e investigar los casos que sean considerados de gravedad. 

Las drogas ilícitas 
El acuerdo sobre las drogas ilícitas se dividió en tres partes, la primera se relaciona con la sustitución de cultivos, que según el borrador se deberá realizar de manera concertada y paulatina. La idea de esto, complementa el acuerdo sobre la política agraria, buscando garantizar que los cultivos nuevos de los campesinos, no solo sean sustentables sino que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida. 

La segunda parte está relacionada con el consumo, para lo cual se acordó que éste sería tratado como un tema de salud pública y no como un delito. En este sentido, tanto el Estado como la sociedad civil deben adquirir un compromiso más fuerte en términos de prevención y reducción del consumo. También se determina que las personas en estado de adicción, serán tratadas como enfermos y se les brindará el acceso gratuito a la rehabilitación. 

Finalmente, se acordó que el tráfico de estupefacientes será perseguido, combatido y judicializado, de tal forma que las actividades delictivas de la mafia dedicada a esto sean prevenidas. También se investigará sobre la participación de organismos oficiales en actos como lavado de dinero y encubrimiento a los criminales.