Sobre estas minas, que para el caso de Marmato son 68, la firma ha solicitado la ejecución de los amparos administrativos. Pero según argumenta en la demanda, que también cobija a Segovia (Antioquia) donde tiene operación, los mandatarios locales se han demorado en ejecutar los amparos.
Frente a esto, el alcalde de Marmato dijo que no cuenta con la capacidad económica para hacer los desalojos y que para ello necesita del apoyo de los gobiernos nacional y departamental. Sin embargo, el Secretario de Gobierno enfatiza que al alcalde le ha faltado voluntad para hacer cumplir las órdenes de desalojo y ejecutar los amparos administrativos. “Le hemos ayudado y sí tiene recursos”, dijo.
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La Corte reconoció que la aplicación indebida de esta norma pudo dar a entender que celebración de los pactos colectivos atenta contra los derechos de asociación sindical
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