Hallazgo de pruebas de presunta conveniencia de Camargo en el manejo del caso Ungrd
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes también encontró que la fiscal general habría 'permitido' la salida de Carlos Ramón González
13 de noviembre de 2025
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En el marco de la investigación que la Comisión de Acusación adelanta contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, esta decretó pruebas de su presunta conveniencia en el manejo del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y de que habría facilitado o permitido la salida de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, implicado en este caso.
La comisión también le dio un ultimátum a la fiscal y le reiteró que "en término de 10 días, remita un informe de las actuaciones surtidas dentro de la denuncia para que obren como prueba". También resaltó que, sobre dicha decisión, no procede ningún recurso legal en contra.
La investigación contra Camargo inició por una denuncia que interpuso el abogado de las víctimas del caso, Pablo Bustos, quien señaló que, tanto Camargo como otros delegados de la Corte Suprema de Justicia, habría tenido 'connivencias' que habría permitido la salida de Ramón González hacia Nicaragua, pese a que era y es prófugo de la justicia. En especial, señaló a la fiscal general de haber cometido el delito de prevaricato por omisión.
Entre sus otros argumentos, Bustos indicó que los principios de oportunidad y preacuerdos de Sneyder Pinilla y Olmedo López han sufrido retrasos considerables y que, respecto al acuerdo específico con Olmedo, le fue rechazado por hechos vinculantes con Ramón González.
A su vez, afirmó que "respecto del caso de la Ungrd, presentó denuncias a mediados de 2024, remitió peticiones a la fiscal general de la nación y a delegados ante la Corte Suprema de Justicia, señalando que las evidencias y los hechos imputados a Sandra Ortíz, eran los mismos para imputar a Carlos Ramón González, y además solicitar la imposición de medida de aseguramiento", se lee en el documento.
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En razón de esto, advirtió que la Fiscalía ha negado el principio de oportunidad de Ortíz y los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento contra Ramón González.
Finalmente, aseguró que la cédula de residencia del exdirector del Dapre expiró en junio de 2025 y, pese a que tiene orden de captura, no se han realizado las gestiones debidas para que sea capturado y enviado a Colombia para ser juzgado, más allá de la solicitud de la circular roja de Interpol.
"Por esto, solicita que se inicie investigación penal contra la fiscal general de la Nación, por presuntamente haber incurrido en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento", indicó la comisión.
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