Colprensa

Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

  • Colprensa

sábado, 8 de enero de 2022

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, realizó un balance de su gestión tras casi un año en el cargo judicial

El 15 de enero de 2021 Margarita Cabello Blanco se posesionó como Procuradora General de la Nación, siendo la primera mujer en la historia que dirige este organismo de control. En su discurso de posesión, la barranquillera aseguró que “no podemos permitir que como consecuencia de la pandemia la brecha de género se profundice y nos haga retroceder décadas en esas conquistas de equidad laboral, familiar, económica y social”.

Hoy, a pocos días de cumplir un año en el cargo, Cabello asegura que luchar por los derechos de las mujeres ha sido uno de los pilares en el desarrollo de sus funciones, destaca el trabajo que está haciendo el Ministerio Público en territorio, el Código Disciplinario y defiende, en entrevista con Colprensa, los polémicos nuevos 1.208 cargos que se crearán en la entidad.

Está próxima a cumplir un año en el cargo. ¿Cuál es el balance de su gestión y los retos más importantes que ha tenido en estos 12 meses?

La gestión que hemos venido haciendo se puede resumir en seis puntos principales, además de haber recibido la Procuraduría con la orden dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de reformar el ordenamiento jurídico, que nos llevó un trabajo de seis meses.

Lo que hemos hecho de importancia es el impulso en todo lo que tiene que ver con el enfoque de género, la materialización y puesta en marcha de una priorización y misión preventiva licitatoria de la Procuraduría a través de un trabajo a nivel local, en las regiones, en donde lo preventivo es mucho más importante para nosotros que lo propio disciplinario, estamos enfocados en lo local.

Estamos muy enfocados también en temas de medio ambiente y en el tema de la lucha de frente en contra de la impunidad. También un trabajo importantísimo que hicimos el año pasado fue la reorganización y modernización de la Procuraduría, con nuestro proyecto BIT y todo lo que tiene que ver con la adaptación a las nuevas tecnologías.

En género, por ejemplo, como primera mujer Procuradora quise consolidar los equipos directivos compuestos por mujeres. La mayoría son mujeres y el resultado inmediato fue la consolidación de lo que llamamos la estrategia Pro mujeres para priorizar la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde todas las diferentes delegadas y misionalidades, eso ha avanzado mucho.

Hemos hecho un trabajo muy fuerte por las víctimas del conflicto armado de Colombia y entregamos, incluso, entre los casos que solicitamos a la JEP que avanzara, que se tomara cuatro grandes macrocasos y uno de esos, que se dijo que se abriera, es el de la violencia contra la mujer en medio de la violencia armada en Colombia.

Este año tiene un gran reto: garantizar unas elecciones transparentes y en calma. ¿Qué acciones está realizando la Procuraduría para que eso se cumpla?

Como Procuradora consideré que era quien debía liderar la vigilancia electoral, y por eso estoy presidiendo la Comisión yo misma. Se diseñó una nueva arquitectura institucional para la vigilancia, la prevención, la intervención y cuando sea necesario, la investigación y la sanción, por las actuaciones indebidas dentro del proceso electoral.

Desde marzo de 2021, que empezó el proceso, creamos el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, que integra el Ministerio Público a nivel nacional y, a nivel regional creamos la Comisión Nacional de Control Electoral, que tiene un brazo operativo, que es la Unidad de Vigilancia Electoral de la que hace parte un equipo de trabajo juvenil.

Conformamos un equipo con jóvenes judicantes y practicantes que hacen su aporte al país a través de la vigilancia electoral, ya lo probamos, este operó en las pasadas elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud y funcionó bien, por lo que va a ser el mismo equipo juvenil que nos va acompañar en la vigilancia electoral que se viene en el país.

El Código Disciplinario desde sus inicios ha tenido fuertes críticas. ¿Qué balance hace frente a su funcionamiento estos meses?

Se han sacado adelante 75.000 actuaciones disciplinarias, más las que se radicaron en 2021 con el riesgo de prescripción de más de 12.000 de esos procesos.

El Código Disciplinario fue expedido a través de la Ley 2094 de 2020, el 29 de junio se promulgó y podríamos decir qué es el Código Disciplinario más garantista que ha tenido el país, ha sido un Código que era necesario elaborar. Uno, porque la Ley 1952, que era una ley que entraba en vigencia de junio, tenía unos problemas de estructuración, que si entraba a regir hubiera originado la prescripción de más de 10.000 procesos, y eso era un problema muy grave para el país, la impunidad.

Entonces el Código se encargó de mejorar los déficits que se habían encontrado en esa ley 1952. Pero, además, aprovechamos para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana Derechos Humanos (CIDH), ordenación que tiene dos vías o dos conceptos: ordenó que en temas de jurisdiccionalidad las sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular solo las podía hacer un juez, mediante el proceso penal.

El segundo tema, que el Estado era responsable por no llevar un proceso garantista, o un proceso disciplinario con las garantías procesales de imparcialidad que se requerían dentro del caso específico del Alcalde en ese momento, Gustavo Petro.

Consideró que el proceso disciplinario que se lleva en Colombia por la Procuraduría podía seguir haciéndose así, pero que no podía un solo funcionario llevar la función de investigación y la función de juzgamiento, tema este de garantías procesales y de violación de imparcialidad distinto al de jurisdiccionalidad y al referente a un juez penal que sea el que sancione a funcionarios de elección popular, son temas totalmente distintos.

En ese segundo tema, de garantías procesales y separación de funciones, es donde viene la necesidad de separar funciones, la obligatoriedad de tener que crear los cargos, porque en cada Departamento tenemos un solo Procurador Regional que hacía las dos funciones y, lógicamente, al pedirnos la Corte que sea por separado, eso implica que haya que tener dos funcionarios para que hagan esa función, eso es lo que origina la creación de cargos.

Pero la Cidh asegura que la reforma continúa permitiendo que un órgano distinto a un juez, en proceso penal, imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos, ¿tuvo en cuenta este punto la Procuraduría?

El tema del juez penal es mucho más complejo y mucho más controversial. La Procuraduría y el Estado, en cabeza del Congreso, consideró que ese tema de que fuera un juez penal quién sería el único que llevara las investigaciones e impusiera las sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular es muy preocupante, y nosotros consideramos que no se debe entender en el sentido literal, y esto será objeto de conversaciones con la Corte Interamericana en todo el proceso de intercambio, porque simplemente lo que la Corte está dando es un informe.

Nosotros lo que tenemos que hacer es explicarles que el punto y la decisión de que sea un juez penal es un tema que toca y afecta la institucionalidad y la estructura orgánica disciplinaria que el Constituyente del 91 estableció. El Constituyente consideró que la Procuraduría General fuera la encargada de investigar la corrupción de funcionarios de elección popular y que era la entidad competente para imponer la sanción de inhabilidad y destitución…

Lo que la Procuraduría ha hecho es interpretar de manera evolutiva el concepto de la Corte Interamericana, ese es un tema complejo desde el punto de vista jurídico y tenemos que explicarle a la Corte cómo es nuestra estructura interna y cómo afectaría esa decisión (…) Ese es un tema que ya tiene en estudio la Corte constitucional. Hay diferencia de criterios entre lo que está diciendo la Corte Interamericana y la estructura propia institucional de nuestro país.

Hablando directamente de esos cargos que se van a crear, hay quienes dicen que estos se pueden repartir entre los seguidores de algunos candidatos. ¿Cómo va a garantizar la Procuraduría que esto no ocurra, cómo se van a implementar estos cargos?

En primer lugar, hay un tema de desinformación lamentable y es que están confundiendo el tema de la discusión del juez penal, con el tema de los cargos. Yo quiero insistir, no tiene nada que ver el tema de que los funcionarios de elección popular sean sancionados penalmente por un juez y que no tengan derecho a las normas de carácter disciplinario…

Ahora bien, los cargos fueron creados por unas facultades extraordinarias entregadas por la Ley 2094, estas fueron otorgadas por seis meses y Función Pública, que es una entidad que estudia las cargas que necesita la entidad, se encargó de estudiar la necesidad de los cargos, de acuerdo con la nueva ley (…) En diciembre le entregó al Presidente de la República ese estudio de cargas y se consideró que, de acuerdo a la nueva estructura de la Procuraduría, surge la necesidad de separar los cargos de investigación y de juzgamiento y por eso se necesitaban 1.208 cargos. Como las facultades extraordinarias era solamente por seis meses, había que firmar el Decreto que vencía el 28 de diciembre.

Los nombramientos de esos cargos, en primer lugar, por temas económicos y de presupuesto, el mismo Decreto dice que no hay adición presupuestal; hacen que la Procuraduría deba organizar su presupuesto para poder cumplir con esa Ley 2094. Entonces, mientras estudiamos la parte presupuestal de la Procuraduría y miramos cómo podemos comenzar paulatinamente esos nombramientos, mínimo tendrán que pasar cuatro o cinco meses. Es decir, que cuando nosotros tengamos organizado qué grupo pequeño de esos cargos se podrán proveer, ya habrá pasado el proceso electoral.

Esta Procuraduría se ha encargado siempre de otorgar los cargos a las personas más capacitadas y a las que se lo han merecido. Nosotros hemos ascendido a las personas que por méritos lo han merecido y el artículo 69 de la Ley 2094 fue redactado en el sentido de que los nuevos cargos se le entregarán por méritos a las personas propias de las Procuraduría. Los de abajo (los cargos) se les entregarán a los nuevos que vengan de afuera y esos nuevos, estamos trabajando en ello, serán escogidos de acuerdo a sus cualidades académicas.

Vamos a tratar de hacer un análisis con universidades y los mejores puestos y las mejores calificaciones, de acuerdo a la profesionalización que se necesite, y de esa manera, poco a poco, a partir de este año, porque incluso no creo que ese logre nombrar este año todos esos cargos porque no hay presupuesto, lo cual descarta por lógica lo que han querido decir, que lo vamos a hacer para el proceso electoral.

Por otro lado, esta semana tuvimos noticias muy tristes sobre lo que pasa en Arauca. ¿Cómo ve la Procuraduría la situación en toda la frontera? ¿Se le está saliendo de control la situación a las autoridades?

El 2 de enero, apenas nos enteramos por información también de nuestra propia gente que tenemos en regiones de lo que se estaba presentando en Arauca, enviamos a nuestra gente y trabajamos con nuestro equipo para aportar nuestra misionalidad preventiva y Derechos Humanos a esta situación.

La frontera entre Colombia y Venezuela es grande y tiene una extensión de más de 2.219 km y colinda con Guajira, César, Norte Santander, Arauca, Vichada y Guainía y esa amplia extensión, de difícil acceso, dificulta un control de fronterizo estricto para cualquier Estado. Adicionalmente, esta zona del país ha sido golpeada por la violencia desde hace mucho rato, hay presencia de organizaciones insurgentes y de grupos armados organizados que se están disputando el territorio para sus negocios criminales, eso lo sabemos y en Arauca con la frontera el paso de los grupos insurgentes de un lado al otro ha generado realmente disputas en el territorio.

Apenas tuvimos conocimiento de los hechos requerimos a las Fuerzas Militares, a las autoridades departamentales y municipales, para que en el marco de sus competencias caracterizar a las víctimas y garantizar los derechos de la población. La Procuraduría se encuentran ahora mismo en el Departamento y nuestra delegada penal está acompañando el trabajo con Medicina Legal y a la Fiscalía.

Un equipo derechos humanos está desarrollando espacios de diálogo con la población civil y escuchándolos, porque muchos de ellos les da miedo contar lo que está ocurriendo, la Procuraduría es una institución en la que ellos sienten confianza y cuentan lo que está sucediendo y estamos apoyando la gestión de las Personerías Municipales para la garantía de los derechos fundamentales, entonces ahí estamos. Ahora estamos trabajando para prevenir el desplazamiento, porque eso es lo que viene.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.