Hay dudas sobre si Wadith Manzur podrá posesionarse en el Senado el 20 de julio

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado una solicitud ciudadana que busca conocer si el senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett, actualmente privado de la libertad, podrá tomar posesión de su curul el próximo 20 de julio de 2026, durante la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.

Cabe recordar que Manzur enfrenta un proceso por presunta participación en la venta de votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

La petición fue presentada por el ciudadano Francisco Javier Araujo Morelos, quien elevó un derecho de petición ante la Sala de Instrucción planteando dos interrogantes: si existe garantía de que el congresista electo pueda materializar el acto de posesión en la fecha prevista y si la medida de aseguramiento implica la imposibilidad absoluta de ejercer el mandato otorgado por el voto popular. Para Araujo, impedir la posesión equivaldría a anular el contenido esencial de los derechos políticos, pese a que las medidas preventivas sean constitucionalmente válidas.

En su análisis preliminar, Araujo sostuvo que la restricción total del ejercicio político derivada de la detención preventiva podría desconocer el principio de representación democrática, especialmente cuando el afectado aún no ha sido declarado culpable. Por ello, pidió al alto tribunal pronunciarse sobre si la medida judicial constituye una barrera insalvable para que Manzur ejerza el cargo para el cual fue elegido.

No obstante, la Sala Especial de Instrucción respondió que no emitirá concepto sobre los puntos consultados, al no ser de su competencia directa resolver asuntos relacionados con la posesión de congresistas electos. En consecuencia, el despacho decidió trasladar la solicitud al Senado de la República, corporación que deberá dar respuesta formal sobre las condiciones y requisitos para la instalación de sus miembros.

El auto, fechado el 27 de marzo de 2026 y firmado por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, fue enviado al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay.