• María Carolina Ramírez Bonilla

jueves, 20 de junio de 2019

En temas pensionales, las personas confían más en el consejo familiar.

Pensionarse en Colombia es un privilegio de pocos debido a los altos niveles de informalidad y a la baja cotización en pensión. Sumado a esto, hoy el sistema tiene un problema legal con las demandas de miles de sus afiliados por estar en el régimen privado o público. AL habló con Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos sobre la realidad del sistema.

¿Cree usted que los trabajadores sí están informados sobre cómo cotizar a pensión?
A pesar de los esfuerzos que se hacen permanentemente por entregar información clara y suficiente, aún falta mucho por hacer. Dada la altísima informalidad laboral en Colombia, muchos trabajadores que devengan suficiente para hacer su cotización a pensiones y salud, no lo hacen, poniendo en riesgo su presente y su futuro.

¿Cuántas personas tienen en este momento problemas legales por haber elegido mal su régimen de pensiones?
Hoy en día hay cerca de 15.000 afiliados que han demandado para trasladarse de régimen pensional. Muchos de estos son personas de altos ingresos que quieren trasladarse buscando los subsidios inequitativos del régimen público.
No obstante, en los últimos años se han evidenciado fuertes desigualdades en el valor promedio devuelto a la población que no logra pensión, donde los afiliados al régimen público reciben una devolución mucho más baja que las personas de los fondos de pensiones. Estas diferencias pueden motivar un elevadísimo número de nuevas demandas por nulidad de traslado, esta vez desde el régimen público hacía los fondos.

¿Qué asesoría es la que prestan los fondos de pensiones?
Las administradoras, tanto la pública como las privadas, deben informar a sus afiliados sobre las ventajas, requisitos y características de cada uno de los regímenes pensionales desde el momento mismo de su afiliación, así como cada vez que se cambia de administradora o de régimen.

¿Cuál ha sido la efectividad de estas asesorías tras la norma que pidió que fueran obligatorias?
Inicialmente, se ha mostrado un efecto importante en la reducción de traslados “irracionales” a partir de la entrada de vigencia de la doble asesoría. Sin embargo, aún se observan traslados que carecen de sentido, en los que las personas se trasladan al régimen público y su probabilidad de acceder a pensión es muy baja o nula por las pocas semanas cotizadas. También está el caso de la población joven que le conviene mucho más estar en un fondo privado, pero deciden trasladarse bajo percepciones y mitos alrededor del tema pensional.

¿De qué es lo que más se queja la gente ante los fondos de pensiones?
Más que quejas, hay mitos sobre los fondos de pensiones que no son ciertos, y cuando las personas reciben la información correcta se sorprenden.
Por ejemplo, es importante resaltar que a 95% de los trabajadores les conviene muchísimo más un fondo privado.

El otro tipo de quejas que llegan tienen que ver con falencias de información en su historia laboral o con la duración de los trámites de la Oficina de Bonos Pensionales o por tiempos cotizados a Cajanal. Las personas revisan su historia laboral solo cuando les faltan pocos años para pensionarse y, con frecuencia, descubren que la empresa con la que trabajó hace muchos años no hizo las cotizaciones correspondientes.

¿Cómo hacer para que los empleados tengan más responsabilidad sobre cómo toman sus decisiones de pensión?
Las administradoras, tanto las privadas como la pública, tienen a disposición de los afiliados asesores e información permanente para que puedan tomar decisiones adecuadas para su futuro pensional. Sin embargo, la mayoría confía más en el consejo de familiares y personas no expertas que, sin conocer su historia laboral o su situación personal, les recomiendan tomar decisiones adversas para su futuro pensional.

¿Cree que la legislación laboral en Colombia está en línea de lo que necesita el mercado?
Desafortunadamente no. Es urgente tomar medidas para reducir la informalidad laboral y para controlar la evasión en materia de seguridad social.