Iemp se transformará en la Universidad del Ministerio Público, anunció el Procurador
Esta ley define tanto sus reglas de funcionamiento, naturaleza jurídica, como las fuentes de financiación y su enfoque académico
14 de noviembre de 2025
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En conmemoración por los 30 años de la creación del Instituto de Estudios del Ministerio Público, Iemp, el procurador nacional, Gregorio Eljach anunció que esta institución, actualmente, se encuentra en proceso de transformación para convertirse en una universidad, dando a conocer el decreto por el cual se pretende oficializar a esta entidad educativa.
“Para lograr este objetivo histórico, estamos fortaleciendo pilares fundamentales como el campus virtual, que democratiza el acceso a la educación del conocimiento y la producción, la sistematización y difusión de contenidos derivados de nuestra labor investigativa y formativ”, sostuvo Eljach en un comunicado divulgado por la Procuraduría.
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A través de la Ley 2553 de 2025 se plantea convertir al Iemp en la Universidad del Ministerio Público, una entidad estatal completamente autónoma pero relacionada a la Procuraduría General de la Nación. Esta ley define tanto sus reglas de funcionamiento, naturaleza jurídica, como las fuentes de financiación y su enfoque académico con especialidad en derechos humanos.
El parágrafo 3 de la ley alega que, “en ningún caso la vinculación a los órganos del Ministerio Público podrá interpretarse como subordinación funcional o pérdida de autonomía universitaria”.
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También se confirmó que sus ingresos provendrán de la “cooperación internacional, alianzas público-privadas, y donaciones, con fines exclusivamente académicos, de investigación o fortalecimiento institucional, de conformidad con sus estatutos, la Constitución Política y la ley”.
El decreto alega que la universidad contará con instalaciones ubicadas en Bogotá y esta podrá establecer sedes o seccionales según las disposiciones del Consejo Superior Universitario.
“Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le transfieran, a cualquier título, deberán adecuarse o adicionarse a las condiciones básicas de la infraestructura necesarias para garantizar la accesibilidad universal a personas con discapacidad”, se confirmó en el decreto.
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