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Expansión - Madrid sábado, 20 de junio de 2015

Se les acusa de su responsabilidad por un presunto delito de administración desleal resulta, de momento, “lógica” y “coherente” para esclarecer los “suficientes” indicios de criminalidad en su contra.

En sendos autos, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal desestimó los recursos presentados por los exconsejeros nombrados a propuesta del PP Juan Emilio Iranzo (€46.800), Antonio Cámara (€178.000) y Fernando Serrano (€78.600), los propuestos por Ccoo Rodolfo Benito (€140.600) y Antonio Rey de Viñas (€191.500), el exsindicalista de UGT Gonzalo Martin Pascual (€129.700) y el exconsejero propuesto por el Psoe Jose Acosta (€62.300).

Los magistrados defienden que su llamada a declarar en calidad de imputados no les causa “ninguna indefensión” al tratarse de una garantía para que ejerzan “convenientemente” su derecho de defensa y añaden que esta audiencia es “imprescindible” para continuar el procedimiento, en el que se investigan los gastos personales por valor de €15,5 millones (US$17 millones)que fueron cargados a estos plásticos opacos al fisco entre 1999 y 2012. Responden a la defensa del exmiembro del Consejo Económico y Social (CES) Juan Emilio Iranzo, al indicar que el ordenamiento jurídico español no permite sustituir su comparecencia como imputado por la “declaración de su letrado mediante escrito” que “todos están obligados a comparecer al llamamiento judicial para declarar, excepto el Rey y la Reina, el Príncipe Heredero y los regentes del reino”, recuerdan.

Por otra parte, los jueces recuerdan que ellos eran  miembros del Consejo de Administración cuando se emitieron las ‘visa’, por lo que inicialmente “son ellos los que deberán dar cuenta de la emisión de tales tarjetas”.

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