De esta manera, la compañía que se dedicaba principalmente a la confección de uniformes para la fuerza pública, no podrá continuar desarrollando actividades económicas y se limitará a conservar su capacidad jurídica.
Entre las causas de la crisis empresarial de la compañía se encuentra la llegada al país de textiles importados de bajo costo y la acumulación de pérdidas. “La liquidación judicial busca la reducción a efectivo de los bienes del deudor para el pago de las acreencias de forma ordenada”, indicó Francisco Reyes, superintendente de Sociedades.
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