José Manuel Gnecco se declaró inocente ante la Fiscalía General por cargo de soborno

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martes, 30 de abril de 2024

Luego de 10 años desde la condena de la compañía, se llevó a cabo la presentación del caso con las declaraciones iniciales de los implicados

Hoy se dio a conocer que inicio el juicio en contra de la bananera Chiquita Brands por la financiación al paramilitarismo en Colombia. Se habrían visto afectados los derechos de las víctimas del paramilitarismo en el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio.

Hace 10 años la compañía Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos por financiar grupos terroristas internacionales. En 2007 confesaron que habían hecho lo propio con grupos paramilitares en Colombia. Indicaron que, específicamente entre 1989 y 1997, lo habían hecho con las Farc y el ELN.

La compañía habría entregado US$1,7 millones a los grupos paramilitares. Por este hecho la empresa fue demandada por parte de campesinos y ganaderos.

Como multa, la multinacional debió pagar US$25 millones y además debió contribuir con las investigaciones que se llevaban a cabo.

Uno de los argumentos de los demandantes es que el hecho de que la empresa haya financiado a los paramilitares, también quiere decir que “patrocinó” los actos cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, hechos como homicidios selectivos, masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras, entre otros. Por lo que las víctimas señalan que lo hecho por Chiquita Brands está directamente vinculado con el conflicto armado del país.

El juicio inició con la respectiva la presentación del caso. Anteriormente, la Fiscalía actualmente tiene en juicio a 10 altos ejecutivos de las filiales de Chiquita Brands de la década entre 1990 y los 2000. Además cabe destacar que en septiembre de 2019, la entidad ya había presentado su acusación por concierto para delinquir, misma que fue negada en 2021 por Tribunal Superior de Antioquia pues defendió que estos alertaban una supuesta violación al debido proceso.

En la respectiva acusación de la entidad, se afirma que desde la sede de Chiquita Brands en Estados Unidos fueron aprobados pagos a las AUC de Santa Marta. Estos eran ocultados mediante los ‘Manager funds’, mismos que, según el documento, "salían a su nombre y correspondían al volumen exportado por las fincas del Retiro de dicha región”.

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