Inpec confirmó que otro dragoneante fue víctima de atentado con impacto de bala

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, confirmó que otro de sus dragoneantes, Juan Camilo Palacios Figueredo, fue víctima de un atentado con impacto de bala. La entidad aseguró que, pese a que resultó herido, no perdió la vida.

El dragoneante acababa de terminar su turno y se encontraba de civil, camino a su casa y cerca a la cárcel La Ternera, en Cartagena. En este momento, recibe atención médica en la Clínica San Fernando y su estado de salud es reservado.

“No termina este panorama de masacre sistemática contra trabajadores penitenciarios”, informó Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP.

Este ataque se suma a la serie de atentados que se han venido presentando en los últimos días contra miembros del instituto, en los que los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz Llanos, Manuel Antonio Becerra Parra, Jimmy Flórez Salazar y el doctor Julián Campo Giraldo, resultaron asesinados.

“El dolor nos toca a todos como un solo Inpec. Nos unimos al duelo de las familias de nuestros compañeros. Seguimos adelante, juntos, en una sola voz”, expresó el Inpec.

Acciones del Inpec

Frente a la escalada ola de violencia, el Inpec y el Gobierno hicieron un convenio con la Industria Militar de Colombia, Indumil, para que permita a los guardias adquirir armas de uso personal para su protección. En el acuerdo se contempla un programa de beneficios para que los dragoneantes puedan tener acceso a elementos de seguridad personal.

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A su vez, los ministros de Defensa y Justicia, Pedro Sánchez, se reunieron con distintas autoridades para construir un plan que permita dar con la captura y judicialización de los responsables de dichos actos. "El esfuerzo se enmarca en una respuesta coordinada y articulada del Estado frente a los desafíos que plantea la acción ilegal de grupos criminales", resaltó Sánchez.

Entre las conclusiones, acordaron crear un grupo especial de investigación que estará dirigido por la Policía y la Fiscalía, para enfrentar la criminalidad contra integrantes del instituto penitenciario, además de ofrecer recompensas por hasta $50 millones a quienes brinden información sobre los responsables de los atentados.

"El Gobierno nacional y las autoridades de investigación reunidas reiteran que ningún acto de violencia hará retroceder al Estado en su deber de proteger la vida, la justicia y el orden constitucional", afirmaron finalmente.