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Juan Sebastian Amaya miércoles, 29 de enero de 2020

En un documento que envió a la Cej, la entidad mencionó a la directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz y a otro funcionario

El pasado 23 de enero, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) obtuvo un fallo de tutela favorable contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por responsabilidades en la fuga de la exsenadora Aida Merlano, por lo que la autoridad envió información sobre el caso a la corporación para cumplir con lo que le ordenó en el fallo.

Con esa información, la CEJ mencionó que el Inpec ya había identificado a Diana Cecilia Muñoz, directora del establecimiento de reclusión, como una de las responsables en torno a la fuga de Merlano, y esclareció que la asignación de los esquemas de seguridad para traslados es responsabilidad del dircetor(a), y, adicionalmente, del Comandante de Vigilancia, quien para el momento de la fuga de Merlano era David Alexander Álvarez Cárdenas.

Además, sobre el seguimiento a las visitas, la información aportada por el Inpec dio a conocer que Aída Merlano estaba sancionada con la suspensión del ingreso de visitantes por "graves e irrespetuosas actitudes contra las autoridades, menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión y otras faltas contra el régimen interno del establecimiento carcelario".

Después de la captura de Merlano en Venezuela, la CEJ aseguró que espera que se solicite lo antes posible el mecanismo de cooperación internacional más eficaz para lograr la comparecencia de la exsenadora, "bien sea la deportación o la extradición".

A su vez, exigió que las autoridades tomen todas las medidas pertinentes para asegurarle un esquema de seguridad rígido.

Cabe recordar que en octubre de 2019, la CEJ le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia evaluar el cambio de radicación del proceso contra Julio Gerlein Echeverría, de Barranquilla a Bogotá, considerando que se encuentra vinculado a la investigación de Merlano por la presunta financiación ilegal de su campaña.

El grupo pidió lo anterior porque "existen circunstancias que pueden afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento y la seguridad o integridad personal de los intervinientes de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal".

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