Comisión de Acusación de la Cámara hará una inspección en el Consejo de Estado
El procedimiento está relacionado con la recaudación de pruebas en medio de una investigación previa llevada a cabo por la Comisión
12 de noviembre de 2025
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes realizará una inspección en el Consejo de Estado como parte de una investigación que involucra a varios magistrados de esa corporación. La diligencia se hará en la Sección Quinta del Consejo y contará con la participación de miembros de la Comisión y del personal de investigación judicial.

El objetivo es revisar expedientes relacionados con procesos de nulidad electoral, incluyendo la elección de un alcalde en un municipio del Valle del Cauca y la de un gobernador en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En estos casos se indaga si se presentaron irregularidades procedimentales y si se vulneraron derechos de los ciudadanos involucrados.
Los magistrados bajo investigación podrían enfrentar responsabilidades disciplinarias o penales si se confirma que actuaron en contravención de la ley durante la tramitación de los casos. La inspección busca recopilar pruebas de primera mano y garantizar la transparencia en el manejo de los procesos electorales en revisión.
La visita se realizará a las 4:00 p.m. del miércoles 12 de noviembre, con el objetivo de determinar si existen fundamentos suficientes para continuar con la investigación.

La inspección judicial tiene como propósito revisar y obtener copias de varios procesos, entre ellos una acción de tutela presentada por Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, así como un proceso de nulidad electoral interpuesto contra Nicolás Iván Gallardo Vásquez, gobernador de San Andrés para el periodo 2024-2027.
La Comisión de Acusación solicitó el apoyo de la Policía, la Dirección de Investigación Criminal, Dijin, y del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para garantizar el correcto desarrollo de la inspección. Además, se ordenó notificar la decisión a todas las partes involucradas y al Ministerio Público, así como remitir las comunicaciones necesarias para ejecutar las acciones previstas.
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