Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seguirá en su lucha contra la corrupción

“El Instituto lleva trabajando más de seis meses con la Fiscalía y con la Dian. Ya hemos mostrado resultados con la captura del exdirector de la Regional Nariño, su compañera sentimental y un extorsionista por actos de corrupción”, afirmó la entidad. 

La organización además explicó que se ha dado a la tarea de identificar y denunciar irregularidades, así como de realizar un juicioso trabajo para despolitizar la institución. 

“Estamos haciendo un barrido en el Icbf donde nos hemos comprometido a despolitizar el Instituto. Por eso abrimos nuevos concursos para los Directores Regionales, para que ningún político tenga influencia. El Icbf es de los niños”, manifestó. 

De otra parte, aseguró que “esta mafia” es peor que el narcotráfico y son muchas las presiones que lleva consigo, es decir hay presiones políticas, intereses particulares y algunos funcionarios de la entidad involucrados. “Todo esto hace que sea muy difícil resolver todas estas irregularidades”, señaló. 

En este sentido, explicó que las irregularidades han sido detectadas gracias al programa de fortalecimiento de los equipos de supervisión y  más de 46.000 visitas realizadas a operadores en el país.  “Encontramos varias irregularidades como que las fundaciones informan un número de niños atendidos mayor al que realmente se atiende, el alquiler de hojas de vida ajustadas a los perfiles requeridos por el lineamiento del Instituto pero el servicio no es prestado por dichos profesionales y el incumplimiento en las minutas nutricionales”, concluyó. 

Las declaraciones oficiales del Icbf se dieron después de que la semana pasada, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunciara que  el ente acusador capturó a cuatro personas quienes presuntamente habrían participado en un desfalco de $2.200 millones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en La Guajira.  

“Los fondos que eran destinados para esa región estaban siendo desviados por funcionarios del Icbf, y por contratistas que habían celebrado convenios con el Estado para la atención de los menores, después de casi cinco meses de trabajo, la Fiscalía da a conocer los primeros resultados de una exhaustiva investigación”, explicó el fiscal. 

Los dineros que tenían que ser empleados para la atención de niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes estaban siendo empleados de manera fraudulenta.

Las opiniones

Eduardo Montealegre
Fiscal general de la Nación
“Los fondos que eran destinados para esa región estaban siendo desviados por funcionarios y por contratistas que habían celebrado convenios con el Estado”.