Interpol emite búsqueda a jefes de Segunda Marquetalia por homicidio de Miguel Uribe
La medida busca la colaboración de 196 países para capturar a los líderes de esta organización, quienes habrían coordinado el ataque
10 de abril de 2026
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, de la Policía Nacional confirmó la activación de circulares rojas contra tres integrantes de la estructura armada Segunda Marquetalia. La medida administrativa internacional busca la localización y captura de Luciano Marín Arango, José Manuel Sierra y Géner García Molina en 196 países.
La Fiscalía emitió siete órdenes de captura por el homicidio de Miguel Uribe Turbay
La decisión judicial se vincula a la investigación por el homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 en el sector de Modelia, en el occidente de Bogotá, durante el desarrollo de un acto público de carácter político.
El director de la Dijín informó que el objetivo de las autoridades colombianas es completar la judicialización de la totalidad de las personas relacionadas con el suceso. La Fiscalía General de la Nación coordina las labores de investigación para establecer las responsabilidades individuales en el caso.
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Las investigaciones indican que el fallecimiento del senador fue el resultado de una acción coordinada entre una organización delictiva urbana y la dirección de la Segunda Marquetalia. Según el ente acusador, la orden para ejecutar el acto habría provenido de los mandos superiores de dicho grupo armado.
La fiscal general de la Nación señaló que el análisis de las evidencias sugiere que el evento no fue un hecho aislado. Los hallazgos preliminares apuntan a que los motivos del ataque se relacionan con la actividad legislativa que desempeñaba Uribe Turbay en el Congreso de la República.
Previamente, el 24 de marzo de 2026, la Fiscalía había emitido siete órdenes de captura contra miembros de la cúpula de esta organización. Además de los tres sujetos con circular roja, las órdenes incluyen a otros individuos identificados bajo diversos alias dentro de la estructura.
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El proceso judicial por este caso ha resultado, hasta la fecha, en varias capturas y condenas de autores materiales y logísticos. Entre los sentenciados se encuentran ciudadanos que participaron en las labores de inteligencia, transporte y entrega del arma utilizada en el sector de Fontibón.
Entre los actores acusados, un menor de edad, capturado en el sitio del evento tras el uso de un arma de fuego, fue sancionado a siete años de privación de la libertad. Otros adultos implicados han recibido condenas que oscilan entre los 21 y 22 años de prisión tras suscribir preacuerdos con la administración de justicia.
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El senador Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 en un centro médico de Bogotá, luego de permanecer dos meses en una unidad de cuidados intensivos. A raíz de su deceso, los cargos contra los procesados fueron modificados de tentativa de homicidio a homicidio consumado.
Las autoridades de policía mantienen vigentes ofrecimientos económicos por información que conduzca al paradero de los señalados autores intelectuales. Los montos establecidos varían de acuerdo con la posición de cada individuo dentro de la jerarquía de la organización armada.
La activación de las circulares rojas permite que los organismos de seguridad de los países miembros de Interpol colaboren en la ubicación de los sospechosos. Esta herramienta de cooperación internacional es fundamental debido a la presunta ubicación de los requeridos fuera del territorio nacional.
El coronel a cargo de la Dijín reiteró que la cooperación internacional es un componente central en el avance de este proceso judicial. Las autoridades colombianas esperan que esta medida facilite la comparecencia de los jefes de la Segunda Marquetalia ante los jueces competentes.
El ente investigador también determinó que el armamento y la munición utilizados durante el atentado presentaban alteraciones técnicas para aumentar su efectividad. Esta evidencia técnica forma parte del expediente que sustenta la responsabilidad de los coordinadores logísticos y los determinadores.
La Policía Nacional continúa con las labores de rastreo para identificar a otros posibles colaboradores en la capital que facilitaron la movilidad de los ejecutores. El proceso penal sigue activo para los implicados que no han aceptado cargos y se encuentran a la espera de juicio.
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