Irregularidades en el Sistema General de Participaciones llegaron a $94.579 millones

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La Contraloría General de la República, por medio de la delegada para el sector de Vivienda y Saneamiento Básico, encontró irregularidades fiscales y penales, que llegan a los $94.579 millones, en el uso de recursos del Sistema General de Participaciones destinados para agua potable y saneamiento básico.

El ente aseguró que se encontraron 122 hallazgos ficales y 25 hallazgos con presunta incidencia penal durante 2020 a 2024. De estos 25, 19 fueron detectados a través de auditorías realizadas durante 2022, 2023 y 2024.

"Se detectaron fallas como la ausencia o insuficiencia de estudios técnicos previos, falta de soporte en la formulación, demoras en la gestión de permisos ambientales y una desconexión entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades", afirmó la Contraloría.

En los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento, ubicados en el departamento de Bolívar, se identificó un hallazgo de $2.775 millones correspondiente al mal funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, principalmente por fallas en los estudios técnicos previos.

"Se identificaron irregularidades en la asignación y el control de la entrega de subsidios, incluyendo el otorgamiento a usuarios no elegibles como consecuencia del uso de bases de datos desactualizados", afirmo la Contraloría en un comunicado.

Añadieron que también ocurrió debido a procesos de estratificación socioeconómica inconsistentes en municipios como Tibú, Los Patios y El Zulia en Norte de Santander, Granada en Meta, Yopal en Casanare, Popayán en Cauca y Palmira en Valle del Cauca. Los subsidios concedidos habrían excedido los límites legalmente establecidos.