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Judicial

Iván Cepeda presentará una tutela por la suspensión de 20 emisoras de paz

Organizaciones como la FLIP, la MOE y AMARC cuestionan sus efectos en comunidades de territorios afectados por el conflicto

21 de agosto de 2026

Paula Andrea Marín Lara


Iván Cepeda, excandidato y senador.
Colprensa
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La suspensión de los espacios informativos de las 20 emisoras de paz llegará a los tribunales. El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una acción de tutela contra la decisión adoptada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, y Rtvc, al considerar que la medida afecta derechos fundamentales de las comunidades que reciben estos contenidos.

El congresista cuestionó que las emisoras hayan quedado sin programación informativa y sostuvo que la determinación afecta el derecho de los ciudadanos a recibir información, además de comprometer la libertad de expresión, haciendo énfasis en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz.

El conflicto se originó luego de que la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Rtvc, Ángela María Mora, ordenaran suspender los contenidos informativos de todo el sistema de medios públicos. La medida fue presentada como una decisión para acabar con lo que el Gobierno considera un “aparato de propaganda” dentro de Rtvc.

Las emisoras de paz fueron creadas como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de 2016 y tienen presencia en territorios afectados por el conflicto armado. Tras la suspensión, su programación se limita actualmente a contenidos musicales enviados desde Bogotá.

Esta decisión también ha recibido críticas de organizaciones relacionadas con la libertad de prensa y la comunicación comunitaria. La Flip, la MOE y Amarc señalaron que la medida puede dejar a comunidades enteras sin información sobre asuntos de sus propios territorios.

Con la tutela, Cepeda busca que la justicia determine si la suspensión de los contenidos informativos vulneró derechos fundamentales y si la decisión de las autoridades resulta compatible con las obligaciones adquiridas por el Estado en el marco del Acuerdo Final.

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