JEP abrió incidente de desacato contra soldados que vulneraron comunidad indígena

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abrió un incidente de desacato contra siete soldados que no se presentaron ante el tribunal por los delitos de desaparición forzada de tres Mamos Arhuacos, y la tortura de varios indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta en 1990.

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Entre los ex militantes involucrados en el caso, la entidad señaló que se encuentra el general Juan Salcedo Lora, el coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, el capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, el coronel Rafael Mejía Roa, el mayor Hernán Carrera Sanabria, el sargento viceprimero Cosme García Camacho y el sargento primero Daniel Rivera Rincón.

"Ninguno de estos antiguos integrantes de la fuerza pública había acudido a la JEP para solicitar su sometimiento ni los beneficios de la Justicia Transicional Restaurativa que no requerían, ya que todos se encuentran en libertad en relación con estos hechos, sin condenas ni medidas de aseguramiento por parte de la justicia ordinaria", enfatizó la entidad en el documento.

La JEP señaló que, en los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación, que destituyó a dos de ellos; la Corte Suprema de Justicia, que revocó las sentencias absolutorias emitidas por la Justicia Penal Militar; la Comisión de la Verdad que incluyó estos hechos en su informe final y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, junto con la Corte Constitucional, que ordenaron una investigación seria e imparcial, las entidades aseguraron que los testimonios de los acusados fueron expuestos de forma voluntaria.

Aún así, y aunque los comparecientes tenían el derecho de no auto incriminarse, por mandato constitucional, estos estaban obligados a hablar con la verdad en cada una de sus intervenciones. Situación, que al ser contrastada, no fue así.

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Esto, debido a que, en un ejercicio de contraste entre lo declarado por los mencionados, la revisión de los expedientes y las observaciones presentadas por las autoridades espirituales y el abogado de varias víctimas, la entidad concluyó que se presentaron incongruencias con los relatos expuestos por las autoridades espirituales del pueblo Arhuaco.

La magistrada ponente, Caterina Heyck Puyana, aseguró que el panorama era completamente distinto al expuesto por los exmilitantes.

Ante dicha situación la JEP aseguró que "si se comprueba el incumplimiento al régimen de condicionalidad, los comparecientes podrían ser expulsados de la Jurisdicción".