JEP pide al Congreso frenar recorte de $170.000 millones y promete plan de austeridad

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A pocos días del segundo debate del PGN de 2027, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pidió al Congreso mantener los $821.803 millones que el Ministerio de Hacienda le asignó en el proyecto radicado, pues advirtió que el recorte de $170.000 millones aprobado en primer debate dejaría a la entidad con $129.667 millones o 16,6% menos que su presupuesto vigente para este año.

La entidad agradeció el respaldo de organizaciones de víctimas, comparecientes, congresistas, comunidad internacional, academia y sociedad civil, quienes defendieron el modelo de justicia transicional de la JEP y recalcaron la importancia de que el proceso del Acuerdo de Paz continúe. También se comprometió a reforzar sus medidas de austeridad con un nuevo plan de metas detalladas y más exigentes, cuyo seguimiento será público.

"Este panorama presupuestal que enfrenta la jurisdicción pone en grave riesgo su capacidad para cumplir efectivamente su misionalidad; por lo tanto, las medidas de la JEP para enfrentar esta situación incluyen trazar un nuevo plan de austeridad con metas detalladas y más exigentes", señaló.

La jurisdicción recordó que, frente a los $947.642 millones solicitados, la asignación de $821.803 millones en el proyecto del Ejecutivo dejó un faltante de $125.839 millones, que luego se redujo a $84.633 millones. "Al hacer permanentes ejercicios de revisión para buscar disminuir esa brecha, se llega a una desfinanciación sustancial que persistía de $84.633 millones, lo que ya implica un racionamiento del gasto", indicó la JEP.

De ese recorte, $30.000 millones saldrían de funcionamiento y $140.000 millones de inversión, donde se daría el mayor golpe, pues se reduciría el presupuesto de $174.119 millones a apenas $34.119 millones. Según la jurisdicción, eso limitaría las audiencias y diligencias en los territorios donde ocurrieron los crímenes, la representación judicial y el acompañamiento psicosocial de las víctimas; así como la producción, transmisión y archivo de las actuaciones judiciales.

"La jurisdicción subraya que el presupuesto de inversión sostiene el acceso a la justicia", afirmó la JEP, que explicó que pasó de representar a 1.390 víctimas en 2019 a 6.555 en 2025, además de que hoy tiene acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que agrupan a cerca de 634.804 personas.

De otro lado, la JEP advirtió que el recorte comprometería el debido proceso y la seguridad jurídica de 12.355 exintegrantes de las Farc-EP y 4.736 miembros de la Fuerza Pública; debido a que, con los recursos de inversión, la entidad brinda defensa técnica a 9.045 comparecientes, asesoría jurídica a 6.254 y acompañamiento psicosocial individual a 4.586.

Asimismo, la reducción alcanzaría a la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, que vería restringidas las investigaciones en territorio, las actividades técnico-forenses, los análisis de riesgo y la compra de equipos y licencias necesarios para terminar los juicios adversariales contra quienes no aportan verdad ni reconocen responsabilidad. A esto se suma que quedaría en riesgo el monitoreo de las sanciones propias ya impuestas y de las que se definan en los próximos meses.

En cuanto a la reducción en funcionamiento, la entidad alertó que solo podría cubrir en promedio cuatro meses de medidas de protección para víctimas, testigos, intervinientes, comparecientes y funcionarios judiciales. "Para la JEP, no se trata de una línea secundaria del presupuesto, puesto que, sin las debidas condiciones de seguridad, se dificulta que las personas puedan participar de forma plena en el proceso judicial", sostuvo.

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Con respecto a los cuestionamientos por su costo, la JEP aseguró que reconoce la situación fiscal del país y que entre 2024 y julio de 2026 ahorró cerca de $21.575 millones con medidas como el uso de medios virtuales en algunas diligencias, la programación anticipada de audiencias, cambios en la operación logística y un plan institucional de ahorros.

Agregó que, desde 2019, su ejecución presupuestal supera 87%, con un máximo de 93% en 2021 y 2022, y que tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo. Incluso, en 2025, el Ministerio de Hacienda la reconoció como una de las entidades del sector justicia con mejor ejecución.

Por todo esto, la jurisdicción insistió en que su petición no implica ampliar su mandato ni pedir recursos por encima de lo propuesto por el Gobierno; y precisó que no ha planteado prorrogar su vigencia, fijada en 15 años por el Acto Legislativo 01 de 2017 y avalada por la Corte Constitucional hasta 2033. En este punto, enfatizó que hoy atraviesa una etapa clave con el cierre de las investigaciones en sus 11 macrocasos, el avance de los juicios y la implementación de las sanciones.

"Los recortes a la inversión y el funcionamiento de la entidad afectarían las posibilidades reales de que una víctima participe en una audiencia, cuente con representación jurídica, sea protegida si enfrenta riesgos y reciba una respuesta sobre lo ocurrido con su ser querido", concluyó la JEP.

Cabe recordar que la reducción quedó en firme el pasado 23 de septiembre, cuando las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron en primer debate un presupuesto cercano a $634,9 billones, con 56 votos a favor y 12 en contra. La idea inicial del recorte a la JEP vino del senador Enrique Gómez, quien propuso quitar $100.000 millones del funcionamiento y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer la justicia ordinaria.