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Paulo Andrés Durán G. - pduran@larepublica.com.co miércoles, 24 de agosto de 2016

La decisión se dio tras la intervención de Pretrelt, quien manifestó que no existe prueba alguna que evidencie que él pidió $500 millones para favorecer una acción de tutela interpuesta por el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco. 

De acuerdo con Augusto Ibáñez, abogado experto en derecho penal, “según la Ley 190 de 1995, el servidor público que sea culpable de concusión deberá pagar hasta ocho años de cárcel; siendo cuatro años la pena más baja”.

 Ibáñez agregó, que, sumado a la pena privativa de la libertad, el sentenciado pagaría una multa de entre 50 y 100 smmlv y no podría ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la pena.

Por su parte, Abelardo De La Espriella, en declaraciones recientes le dijo a este diario que se está cometiendo una injusticia y la decisión se dio por cuenta de una persecución política contra el togado. De La Espriella utilizó uno de los argumentos dados por Pretelt y manifestó que la decisión se dio porque el magistrado está en contra de las garantías que el proceso de paz le da a las Farc y del matrimonio y adopción de parejas del mismo sexo. 

Por su parte,  Armando Benedetti, presidente del Partido de la U, avaló la decisión de aceptar el informe de la Comisión de Instrucción, pues considera que “hubo tráfico de influencias, por tal razón había que sancionar al magistrado para que responda ante la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó Benedetti.

Así las cosas, la Corte Constitucional deberá escoger a un reemplazo por el período del juicio penal en la Suprema o hasta que el magistrado termine su período que sería en abril del próximo año.

Según fuentes de la Corte Constitucional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos tendrá 15 días para enviar una terna al Senado para que esta cámara del Congreso  se encargue de elegir a un magistrado en propiedad.

En cuanto al juicio político por indignidad que tendrá en el Senado, el presidente de esa corporación, Mauricio Lizcano, aseveró que el juicio podría tomarse algo más de nueves meses.

Ayer será recordado como una fecha histórica pues nunca antes en la historia de Colombia un magistrado había sido juzgado por este alto tribunal y menos un proceso de la Comisión de Acusaciones había llegado hasta esta instancia.

Las opiniones

Augusto Ibáñez
Abogado experto en Derecho penal
“Según la Ley 190 de 1995, el servidor público que sea culpable de concusión deberá pagar hasta ocho años de cárcel; siendo cuatro años la pena más baja. El tiempo lo decide el juez según unos criterios”.

Jorge Pretelt
Exmagistrado de la Corte Constitucional
“No existe prueba alguna que evidencie que le pedí $500 millones al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, para favorecer a la compañía en una acción de tutela contra el departamento de Casanare”.

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