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Colprensa Jueves, 18 de diciembre de 2014

La Corporación de Jueces y Magistrados y Asonal Judicial radicaron una demanda ante el Consejo de Estado que busca suspender y anular los resultados de los exámenes de jueces y magistrados que se realizaron el pasado 7 de diciembre.

Según María del Pilar Arango, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, la acción que está en curso para suspender los resultados de los exámenes se une a otro recurso que hace trámite en el alto Tribunal en contra de la convocatoria.

Arango resaltó que en los próximos días se definirá si se decreta o no, las medidas cautelares que congelarían la publicación de los resultados.

El concurso El concurso en el que participaron varios jueces y magistrados tuvo lugar el pasado 7 de diciembre, omitiendo que el sábado 6 de diciembre, un juzgado en Nariño había decretado la suspensión del mismo como medida cautelar.

Según la denuncia, se estaban vendiendo las respuestas del examen y pese a ello, la Judicatura hizo caso omiso y siguió adelante con el proceso, ya que no fueron notificados a tiempo para que se tomara una decisión judicial, respecto a ese caso.

Al parecer el cuestionario de tres páginas titulado ‘Examen concurso Jueces y Magistrados 07 de diciembre de 2014 – Universidad de Pamplona’ tenía 100 preguntas de conocimiento y 130 psicotécnicas.

Las respuestas correctas del examen estaban siendo ofrecidas entre 8 y 10 millones de pesos, por lo que las organizaciones solicitaron investigar de manera oficial las pruebas, con el fin de indicar quiénes fueron los responsables de la filtración de la información y su comercialización al público.

A partir de hoy se levantaría provisionalmente el paro que adelantan los funcionarios judiciales desde hace más de dos meses.

“Las bases han decidido que al llegar al 19 de diciembre, porque es un término legal, el paro se suspende de manera provisional porque la mayoría del personal queda cesante”, dijo Fredy Machado, presidente de Asonal judicial.

Agregó que se adelantarán asambleas con el fin de definir si se normaliza el servicio mientras se continúa con la discusión con los representantes del Gobierno, a quienes acusan de no dar soluciones serias sobre las exigencias presentadas.

Cabe recordar que un informe de la Fiscalía señaló que el paro judicial deja 23.370 audiencias aplazadas, siendo Bogotá (11.699), Santander (2-107) y Cesar (1.890) las regiones más afectadas por el cese de actividades del sector.

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