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Colprensa jueves, 7 de marzo de 2013

El juez 42 de Conocimiento de Bogotá tumbó el preacuerdo al que habían llegado la Fiscalía y el ex contratista Emilio Tapia, procesado por el ‘carrusel’ de contratos en la capital del país.

 

Según el Juzgado, el acuerdo suscrito con el procesado presenta diferentes vacíos e interrogantes que no se responden en el documento presentado por las dos partes para su aval, entre los que se encuentran que no se pactó la devolución de al menos el 50 por ciento del dinero que Tapia se habría apropiado a través de las comisiones del 8 por ciento que recibió en los contratos.

“No se podrá realizar un preacuerdo hasta que se incorpore el 50 por ciento de lo apropiado, requisito que brilla por su ausencia como lo indicó el Ministerio Público”, aseguró el juzgador.

El juez indicó además que Tapia fue remunerado por su actuar delictivo y que las conductas de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos imputadas a el ex contratista se realizaron con el fin de conseguir un incremento patrimonial, por lo que una simple reparación simbólica no es suficiente para proceder a dar vía libre al preacuerdo.

Según el funcionario judicial, es necesario que también se aclare cómo se entregó el dinero apropiado, a quién se le otorgó y cuánto fue el monto. “Son interrogantes que no se responden”, manifestó.

Para efectos del trámite, Tapia se retractó durante la diligencia del allanamiento a cargos que hizo el día en que la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir, hecho que fue criticado por el juzgador al considerar que el ex contratista solo podía retractarse ante una violación de los derechos fundamentales, situación que según el juez no se presentó.

Para el juez, el investigado aceptó el cargo de forma libre y espontánea y no obligado. Por ello, no se puede aceptar la retractación.

Lo pactado en el preacuerdo 

El contratista Emilio Tapia preacordó con la Fiscalía que pagará 13 años de detención domiciliaria y a cambio aportaría información de los hechos relacionados con el 'carrusel' de la contratación, además de declarar contra otros investigados por los mismos hechos. El procesado también tendría derecho a laborar desde su casa. 

Así mismo, se pactó la aceptación por parte del investigado de los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. 

De igual manera, el monto de los dineros que devovlería Tapia se definiría luego de realizarse una audiencia de incidente de reparación, en la que un juez determine cuánto debía reintegrar.

El Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Juan Vicente Valbuena, señaló que la pena acordada con Tapia es elevada y ajustada a lo normado por ley, por lo que no está mal dosificada como dijo la Procuraduría. 

“Desde ningún punto de vista puede decirse que la Fiscalía se está llevando los principios de legalidad por delante al entregarle detención domiciliaria”, aseguró. 

Indicó, además, que dentro de la acción penal se hace necesario el acuerdo puesto que permite llevar las investigaciones a feliz término. 

“Es una empresa criminal muy grande y la única forma de desvertebrarla es a través de testigos directos de los hechos”, señaló al referirse al papel de Tapia dentro del 'carrusel'.

Así mismo, indicó la Fiscalía que no pretende que el contratista sea visto como un santo, sino valorar su aporte a la investigación por el millonario detrimento al Distrito. 

“No es un ángel, ni una hermanita de la caridad, y por eso es que nos sirve como testigo”, puntualizó. 

Procuraduría pidió revisar preacuerdo

El procurador Eduardo Díaz, durante la primera audiencia ante el juez 42 de Conocimiento, se mostró descontento con el preacuerdo al que llegaron la Fiscalía y el contratista, por lo que pidió al juzgador su revisión detallada.

Para el delegado del Ministerio Público la pena de 13 años de cárcel que recibiría a cambio de colaborar con la justicia, fue tasada de manera incorrecta, además de no ser viable la detención domiciliaria. 

“La detención domiciliaria es un elemento que rompe la legalidad, porque la sanción a imponer no lo permite. Más aún los permisos para laborar”, señaló. 

El representante del órgano de control indicó que de aprobarse dicho preacuerdo con Tapia se estaría mandando el mensaje equivocado, porque en ningún momento se ha dicho cómo el procesado va a devolver los dineros que presuntamente se apropió. 

“No sé a qué vinimos hoy, a celebrar un preacuerdo cuando en lo que todos están interesados es dónde está el dinero (…) frente a requisito de procedibilidad de lo apropiado, en el caso de Julio Gómez, tampoco hablaron de dinero y el Tribunal dijo: ‘no señor’. Hace parte del preacuerdo que las víctimas estén satisfechas”, indicó al poner como ejemplo el preacuerdo que fue anulado por el Tribunal Superior de Bogotá en el caso del abogado. 

Según el Procurador, lo que la ciudadanía está esperando que se diga es cómo se van a devolver los dineros apropiados. 

“Como representante de la sociedad y con las facultades constitucionales, necesitamos que la Fiscalía ahonde más, porque no podemos hacer negocios sin plata. El dinero del erario que se llevaron con los anticipos es necesario que lo devuelvan. Solicito que revise antes de actuar y verá que no es viable que usted aprueba ese preacuerdo”, aseguró.

En la tarde de este jueves el juez deberá resolver el recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía y la defensa con el que buscan que cambie su decisión.

 

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