Colprensa Miércoles, 28 de diciembre de 2016

Esta ley es clave para permitir que los guerrilleros de las FARC, al menos más de 4300 –como lo señaló el ponente Armando Benedetti- tengan un soporte jurídico para que se desmovilicen. Este procedimiento, según se indicó en el texto, se deberá cumplir a la luz de la justicia transicional para la paz, la cual se empezará a discutir desde el 16 de enero. 

Tanto en el Senado como en la Cámara, el articulado fue aprobado con las mayorías, en Senado tuvo 66 votos y ninguno por el no, mientras que en Cámara sacó 120 positivos y 2 negativos. 

Esta ley contempla no sólo beneficios a los guerrilleros, sino que dispuso un aparte especial para los llamados agentes del Estado, en particular a los militares y policías. 

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que con esta ley el Estado le empieza a cumplir al grupo guerrillero, ya que “era necesaria para que en menos de 150 días estén las FARC desmovilizadas”. 

“En esta ley es importante destacar que se otorga beneficios jurídicos a los miembros de la fuerza publica, a los militares y policías, habrá beneficios como la renuncia a la acción, son libertades condicionadas”, declaró el ministro Cristo

El funcionario insistió que con esta ley no se está otorgando beneficios a quienes siendo miembros de las FARC o de las Fuerzas Militares, hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra. 

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó en la plenaria que al entrar en vigencia la ley, el próximo año podrán beneficiarse al menos 1200 militares con libertad condicional. 

El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, consideró que esta ley es la “puerta de la impunidad, tienen tantas zonas grises que muy ambiguo”. 

El senador uribista aseveró que aunque la ley dice que no pueden ser objeto de la amnistía los graves crímenes de guerra, “ese tipo penal no existe en el derecho internacional ni nacional, con ese margen es una interpretación grande y cualquier crimen se verá como leve”. 

Por su parte, el Representante a la Cámara del Partido de la U, Efraín Torres, pidió al Gobierno delimitar las interpretaciones jurídicas que pueden dar a lugar la evasión de responsabilidades, en lo que tiene que ver con delitos cometidos contra menores de edad y específicamente en lo que tienen que ver con el abuso sexual. 

“Pedimos al Gobierno Nacional que tenga especial cuidado en lo que respecta a los delitos cometidos contra menores de edad. La responsabilidad individual de guerrilleros que hayan abusado de niños y niñas en el marco del conflicto, no puede evadirse a través de la figura de la amnistía o tratamientos penales especiales como rebajas de pena”, afirmó Torres.