“El control fiscal debe mirar los proyectos de manera integral y no contrato por contrato”

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Diana Carolina Torres es una de las 10 candidatas que integran la lista definitiva para ocupar la Contraloría General de la República y una de las cinco mujeres que buscan llegar al cargo. De ser elegida, se convertiría en la segunda mujer en asumir la dirección del organismo de control en más de 100 años de historia.

Torres cuenta con una trayectoria de 15 años en la Contraloría General de la República y experiencia en procesos de control fiscal relacionados con proyectos como Hidroituango, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, EPM y regalías. Su propuesta para la entidad contempla fortalecer el control preventivo, reactivar obras inconclusas, incorporar inteligencia artificial, drones y modelos predictivos, además de crear una Red Nacional de Guardianes de los Recursos Públicos.

¿Qué significaría para Colombia que una mujer vuelva a ocupar la Contraloría General de la República después de más de 100 años?

En Colombia ya han pasado más de 100 años desde que se creó la Contraloría General de la República y solamente hemos tenido una contralora mujer, que fue la doctora Sandra Morelli.

Creo que esto también representa una oportunidad para que las mujeres puedan ocupar cargos importantes en Colombia, que sigan teniendo estos espacios para demostrar su capacidad en temas de administración, control de lo público y transparencia. Es una oportunidad para que las mujeres sigan demostrando que son capaces.

Usted habla de una Contraloría independiente y de que no habrá persecución política. ¿Cómo garantizaría esa independencia frente al Congreso, que es precisamente la institución que elige al contralor?

El tema de la independencia tiene que dividirse en dos aspectos. Cuando hablamos de una Contraloría independiente, quiere decir que será una entidad que no tendrá en cuenta los colores políticos para tomar decisiones relacionadas con el control fiscal.

Por supuesto que no habrá impunidad para el corrupto, pero tampoco persecución por temas políticos. Esa es una garantía y una promesa que hago desde este momento en que estamos en campaña.

A pesar de que es el Congreso en general el que elige al contralor, se trata de una elección de todos los partidos. Precisamente por eso, quien ocupe el cargo tiene que ser independiente, porque no obedece a la elección de un partido en particular, sino, en general, de todos los partidos.

Sin embargo, creo que no podemos entender esto solamente como una elección de partidos. Los congresistas nos eligen como representantes de toda la ciudadanía. Por eso es muy importante que las contralorías y la Contraloría General de la República puedan tomar decisiones basadas en resultados, y los resultados son pruebas y evidencia.

Lo primero es tener la voluntad plena de hacer una Contraloría independiente y, al mismo tiempo, técnica y científica. Cada vez que vayamos a una auditoría o hagamos un proceso de responsabilidad fiscal, vamos a basarnos únicamente en las pruebas, el sustento técnico y el fundamento jurídico para tomar decisiones de carácter fiscal.

Vamos a garantizar que todas las decisiones se tomen de manera técnica y con evidencia. Esto también lo lograremos mediante una de mis propuestas: hacer un fortalecimiento institucional desde adentro, tanto en valores e integridad como en los aspectos técnico y científico.

Inclusive, queremos realizar una certificación internacional para todos los auditores, con el objetivo de garantizar que hagan sus auditorías de manera transparente, ajustadas a la norma y a la técnica. Así evitaremos espacios para hallazgos que no tengan el suficiente sustento jurídico y que puedan prestarse para análisis subjetivos.

Otra de sus propuestas es reactivar al menos 30% de las 1.300 obras inconclusas en los primeros 100 días. ¿Cuál sería el paso a paso para cumplir este objetivo?

La Contraloría ahora tiene varias herramientas. Desde 2019 o 2020 tiene el control preventivo y concomitante, pero además conserva las demás funciones que ya tenía.

A partir del análisis que he hecho de las obras inconclusas, muchas simplemente están paradas y podrían finalizarse, pero existen problemas administrativos, burocráticos, enfrentamientos entre contratistas y alcaldes o gobernadores, o demoras de entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que impiden que las obras puedan terminarse.

Lo que vamos a hacer, mediante seguimientos permanentes, auditorías, actuaciones especiales y procesos de responsabilidad fiscal, es acompañar esas obras para que puedan solucionar los problemas que tienen, avanzar y reactivarse.

La idea es que, mediante un seguimiento continuo, esas obras puedan llegar a feliz término.

Otra de sus propuestas es el uso de inteligencia artificial, drones y modelos predictivos en el control fiscal. ¿En qué procesos concretos utilizaría estas herramientas durante su primer año?

Las vamos a utilizar especialmente para la generación de alertas, actuaciones especiales y reacción inmediata.

La Contraloría tiene mucha información. Está en las plataformas, en el Secop y en las entidades del Estado. Normalmente, cuando un auditor va a utilizar esa información, tiene que descargar los documentos, hacer los cruces y realizar buena parte del proceso de manera manual.

Lo que queremos es que toda la Contraloría pueda beneficiarse de estas herramientas tecnológicas, de la inteligencia artificial y del cruce de bases de datos.

Esto permitirá una mayor eficiencia en el uso del recurso humano, porque podremos terminar mucho más rápido las auditorías y las actuaciones especiales. También podremos hacer cruces de datos en minutos y utilizar inteligencia artificial para desarrollar modelos predictivos y anticipar riesgos de corrupción.

La inteligencia artificial se irá adecuando a medida que se alimente de información, lo que nos permitirá prever qué puede pasar o cómo se está moviendo el fenómeno de la corrupción en Colombia y saber hacia dónde tenemos que llegar.

En cuanto a los drones y la georreferenciación, también los vamos a utilizar para monitorear el avance de las obras en todo el territorio, incluso en zonas de difícil acceso. Un auditor puede tardar tres o cuatro días en llegar a una zona muy alejada.

Queremos hacer monitoreo satelital de las obras, pero también de la minería ilegal. Son herramientas que debemos fortalecer porque nos permitirán conocer de primera mano y en tiempo real cómo avanzan las obras públicas y, en general, cómo se desarrolla la contratación estatal en el país.

¿Tiene un monto aproximado de cuánto costaría implementar estas tecnologías?

Desde 2019 hubo un compromiso de la Nación para incrementar el presupuesto de la Contraloría precisamente para estos temas tecnológicos.

El presupuesto que nos entregan actualmente, que supera los $2 billones, está dividido entre funcionamiento y tecnificación de la Contraloría. A partir de eso, y según las cotizaciones que tengamos que hacer en su momento, podremos establecer cuánto costaría implementar todo lo que queremos hacer.

Partimos de la base de que hoy ya está creada la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que era uno de los componentes más costosos en materia tecnológica.

Inicialmente, para las primeras fases, podríamos hablar de unos $100.000 millones.

¿Cómo funcionaría en la práctica la Red Nacional de Guardianes de los Recursos Públicos y qué diferencia tendría frente a los mecanismos de participación ciudadana que ya existen?

La idea es utilizar primero la tecnología para hacer una articulación completa de todas las personas que quieran participar en esta red.

Queremos que participen las veedurías y los grupos sociales que ya han venido trabajando, pero también buscamos una participación activa de la ciudadanía.

¿Quiénes son las personas que están en el territorio y que realmente no tienen intereses distintos a que las cosas se hagan bien? La ciudadanía de a pie.

Queremos que, por ejemplo, los colegios, los padres de familia y los niños puedan reportarnos a través de una red situaciones que ocurren en su entorno. Que puedan decir: “Mire, acá el complemento escolar llegó de esta manera”, “no le dieron el complemento escolar a los niños”, “el complemento llegó frío” o “esta obra lleva mucho tiempo paralizada”.

También podrían reportar que no han llegado volquetas en los últimos días, que hubo un problema en determinado proceso o que no se realizó una capacitación.

Hay situaciones que desde la Contraloría, aunque tengamos un sistema de alertas, no podemos observar en el día a día. En cambio, las personas que están en los territorios, especialmente en los más alejados, sí pueden hacerlo.

Y no se trata simplemente de decirles a los ciudadanos que, si encuentran algo irregular, nos cuenten. Vamos a hacer un proceso intensivo de capacitación para que entiendan qué tienen que hacer y cómo deben hacerlo.

También podrán aprender a utilizar las tecnologías de la información. En los lugares más alejados buscaremos alternativas de redes móviles para que puedan reportar qué ocurre diariamente en sus territorios.

Así fortaleceremos la herramienta que la ley nos dio, que es el control preventivo. Si tenemos de la mano a toda la ciudadanía, será mucho más fácil, especialmente si articulamos esto con herramientas tecnológicas y seguimiento en tiempo real.

¿La plataforma funcionaría a través de WhatsApp o sería una página web?

Será una plataforma sencilla a la que los guardianes o las personas que hagan parte de la red podrán ingresar desde el celular. Allí podrán seleccionar los proyectos o contratos y enviar fotografías y videos.

La plataforma también tendrá un chat y un chatbot inteligente. No queremos que sea simplemente como un WhatsApp en el que muchas personas escriban y varios funcionarios tengan que recibir toda esa información, porque sería muy difícil de manejar.

Lo que buscamos es que el chatbot inteligente nos permita filtrar y organizar la información mediante diferentes campos, para tener de primera mano cuáles son las denuncias y necesidades de la comunidad relacionadas con la contratación estatal y los resultados de los contratos.

¿Cómo protegerían a los ciudadanos que hagan denuncias, teniendo en cuenta que en algunos territorios hay problemas de violencia?

La ciudadanía tendrá usuarios certificados y usuarios que no estarán certificados. Funcionará de manera similar a como operan actualmente las denuncias en Colombia, por lo menos en materia de control fiscal.

La persona que quiera hacer una denuncia pública o enviar información públicamente podrá hacerlo sin ningún problema. Y quienes quieran hacerlo de manera anónima también podrán hacerlo, garantizando su tranquilidad y protección.

Usted ha estado al frente de procesos relacionados con Hidroituango, el PAE, EPM y regalías. En Hidroituango se reportaron hallazgos por más de US$100 millones. ¿Qué lecciones de ese caso aplicaría en la Contraloría General?

Hidroituango fue un caso muy complejo porque no se trataba de un contrato en particular, sino de un proyecto completo con muchísimos contratos de diferentes tipos: obra pública, servicios, contratos internacionales y otros.

Creo que ese caso enseña la importancia del control fiscal integral y del análisis de resultados.

Cuando la Contraloría mira solamente un contrato o un asunto puntual, es muy difícil saber con claridad si existen irregularidades y problemáticas. En ciudades o departamentos grandes y organizados, por ejemplo, un contrato normalmente puede estar bien elaborado desde el punto de vista técnico y jurídico.

Si uno se enfoca solamente en un contrato, normalmente encontrará que cumple con las condiciones generales. Por eso hay que hacer un control fiscal integral, como lo hicimos en Hidroituango, analizando todo el proyecto y entrelazando los diferentes contratos y las problemáticas que se presentan en cada uno.

Es decir, verlo de una manera más integral y no solamente desde lo específico.

Exactamente. Lo específico tiene que seguir haciéndose, pero muchas veces la Contraloría, por la forma en que nos han enseñado, parte de lo particular hacia lo general.

Yo creo que hay que hacerlo de manera diferente: partir de la generalidad para encontrar la ruta que permita llegar a las problemáticas particulares.

Y lo mismo ocurre desde el punto de vista de los resultados. Se puede hacer un contrato puntual y cumplir con su objeto, pero probablemente ese contrato no genera para el país los resultados esperados.

Por ejemplo, si voy a contratar computadores para que los niños accedan al conocimiento y hago un contrato mediante una subasta inversa, podría revisar el contrato y encontrar que está perfecto: no hay detrimento patrimonial, los computadores fueron entregados y son de buena calidad.

Pero cuando voy a mirar el resultado y la integralidad del proyecto, puedo encontrar que esos computadores fueron entregados, por ejemplo, en Vigía del Fuerte, Antioquia, un municipio muy alejado donde no existen redes suficientes para garantizar internet y ni siquiera hay energía eléctrica las 24 horas del día.

Entonces, ese computador que se entrega a un niño realmente no está cumpliendo el objetivo para el cual fue comprado, que era permitirle acceder a internet y, a través de este, al conocimiento.

Por eso hay que mirar también los resultados. No todos los contratos que se ejecutan correctamente en una parte particular generan resultados de eficiencia y eficacia para el país ni están orientados a cumplir o satisfacer los principios de la administración pública.

Además de la necesidad de pasar de lo específico a lo general, ¿qué otras fallas ve hoy en la Contraloría que quisiera resolver si llega al cargo?

Lo primero sería el tema de la certificación técnica de los funcionarios. Ellos son muy juiciosos y conocen de control fiscal, pero necesitamos una certificación técnica que permita unificar criterios.

Muchas veces, dentro de la misma entidad existen criterios diferentes según la delegada. Tenemos que dar garantías a la ciudadanía sobre lo que estamos haciendo.

Necesitamos unificar criterios, y eso se logra mediante capacitaciones y certificaciones técnicas para todos los funcionarios. Creo que es algo fundamental.

En segundo lugar, hay algo muy importante que no existe en Colombia: quiero proponer un principio de priorización.

La Contraloría tiene diferentes principios relacionados con el control fiscal, pero en Colombia también debe existir una priorización desde la administración pública.

Si tengo un municipio donde no hay agua potable, donde no hay energía o donde no hay luz las 24 horas del día, no tiene sentido realizar otras actividades antes de atender esas necesidades básicas.

Por ejemplo, no tiene sentido entregar computadores donde no hay energía cuando el recurso público debería estar enfocado en garantizar el agua potable y avanzar en las necesidades básicas de ese municipio.

En Colombia hay muchos municipios en esa situación. Pueden hacer contratos para determinadas cosas que seguramente son importantes, pero que no son tan prioritarias como el agua potable o la energía.

Para que el país avance y tenga un desarrollo más uniforme, necesitamos que los administradores públicos prioricen las necesidades.

Es como lo hace un padre de familia. Si tiene que pagar un juguete o la educación de su hijo, tendrá que priorizar la educación. Es más o menos lo mismo. Incluso en derecho, cuando se exige a los administradores públicos que actúen frente a la culpa, se utiliza como referencia el comportamiento de un buen padre de familia.

También está el tema de las tecnologías de la información. Actualmente existe la Diari en la Contraloría, que es una dependencia muy técnica y que hace grandes cosas con inteligencia artificial y modelos analíticos.

La idea es lograr que toda la información que se maneja desde esa dependencia pueda ser utilizada por toda la Contraloría General. Que todos los funcionarios puedan acceder a esas herramientas para que su acción sea mucho más ágil y rápida.

¿Cómo fortalecería la prevención dentro del control fiscal?

La idea es avanzar y fortalecer el control preventivo y la Unidad de Reacción Inmediata. Creo que con esas dos herramientas se puede facilitar la prevención en Colombia.

Pero hay algo que debemos ajustar. En 2019 se creó el Acto Legislativo 04, que facultó a la Contraloría para ejercer control preventivo.

Posteriormente apareció el Decreto 403 de 2020, que reglamentaba cómo debía hacerse ese control fiscal. Sin embargo, ese decreto fue derogado casi en su totalidad por cuestiones de forma, no por asuntos de fondo, debido a que no se hizo el trámite legislativo como correspondía o se abordaron temas que no debían tocarse en ese momento.

Por eso, otra de mis propuestas es trabajar de la mano con el Congreso para reglamentar integralmente el control preventivo. La idea es que este tenga más herramientas y permita llegar más rápido a los territorios donde necesitamos prevenir la pérdida de recursos públicos.