lunes, 16 de mayo de 2022
El ente fiscalizador realizará la investigación con el fin de determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el presunto año fiscal
La Contraloría General de la Nación abrió una investigación fiscal a la compañía petrolera, Ecopetrol, debido a inversiones realizadas en Perú, las cuales, según indicó el órgano de control fiscal, pudieron ocasionar un presunto daño patrimonial que asciende a los $2,4 billones.
Las investigaciones iniciaron debido a la compra del 50% de la sociedad accionaria Offshore International Group (OIG) por parte de la compañía petrolera y, posteriormente, venderla en enero de 2021 por menos del 5% de lo que pagó en el momento de la compra, según informó la Contraloría.
La entidad también dio a conocer que esta nueva investigación tuvo sus bases de acuerdo a un seguimiento de la inversión, de la cual aclara que "en una indagación preliminar, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía estableció inicialmente indicios claros de que este fue un negocio mal planificado, que Ecopetrol adelantó dejando de lado las advertencias de consultores externos sobre los riesgos que podía afrontar y, aún más la empresa que compró nunca le generó utilidades".
La indagación preliminar señaló que, tras conocerse los pagos realizados y la venta por parte de Ecopetrol, la compañía informó a la Contraloría a que las partes del Contrato de Compraventa de Acciones acordaron un valor total de transacción compuesto por puntos como, por ejemplo, un pago de de precio de compra inicial al cierre de la transacción de US$2 millones, un ajuste del precio de compra inicial de hasta US$3 millones, Pagos sujetos a la materialización de eventos de hasta US$170 millones y pagos asociados el crédito de accionistas con Savia de US$56,5 millones.
En el documento entregado por la entidad se resume la lo anterior de la siguiente manera
"Es decir, en el mejor de los casos se podría llegar a US$231,5 millones de los cuales US$115,75 millones le corresponderían a Ecopetrol, con el agravante que de los US$231,5 millones, US$170 estarían sujetos a “la materialización de eventos futuros”, entre ellos un proceso contra la SUNAT (la administración de tributos del gobierno peruano) por US$153 millones".
A lo que también complementó el documento, "lo realmente recibido entonces, como elemento cierto sería el 50% de lo correspondiente a US$30,75 millones (menos del 5% de lo pagado para adquirirla)".
Teniendo en cuenta diferentes consideraciones y tras las indagaciones preliminares, la Contraloría señaló que abrirá una investigación fiscal con el fin de determinar "que las personas que tuvieron que ver con la decisión y administración de este negocio den cuenta por su posible responsabilidad en un proceso que implica un posible daño fiscal por más de US$615 millones".
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