Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Jueves, 16 de agosto de 2012

Por un presunto detrimento patrimonial de $38.000 millones en cuanto a irregularidades en créditos concedidos a empresarios floricultores en 2008, la Contraloría General de la República abrió seis procesos de responsabilidad fiscal al Banco Agrario y a Finagro.

Según información de la Contraloría General de la República, los procesos se encuentran bajo los radicados 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de 2012.

La cuantía del presunto detrimento patrimonial en cada uno de estos procesos se distribuye así: proceso No. 26 ($7.868 millones), 27 ($6.700 millones), 28 ($10.344 millones), 29 ($3.700 millones), 30 ($2.060 millones) y 31 ($7.500 millones), para un total de $38.000 millones.

Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre, octubre y noviembre de 2008, con la aprobación de una línea de crédito para el sector exportador.

'El Ministerio de Agricultura inyectó recursos para apoyar el sector floricultor con el objeto de financiar las necesidades de capitalización y otorgamiento de recursos requeridos para capital de trabajo, inversión y pago de pasivos financieros de los productores de banano, flores y camarón, entre otros, a través de operaciones de redescuento por parte de intermediarios financieros ante Finagro. En este caso el intermediario financiero fue el Banco Agrario', establece el documento.

Para la Contraloría, los créditos tenían una garantía a través del Fondo Agropecuario de Garantías, sin embargo se desconoció la situación de alto riesgo del sector, las deficiencias en la situación financiera de las compañías beneficiarias de los créditos tales como pérdidas operativas, indicadores de liquidez negativos y disminución del patrimonio en algunos casos.

'El Banco Agrario no realizó un seguimiento adecuado y hasta la fecha los recursos no han retornado y el Fondo Agropecuario de Garantías levantó la garantía', dicen las fuentes de la entidad.

Tutela
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una acción de tutela que había instaurado la firma Liberty Seguros contra la Contraloría General de la República. Según la entidad de vigilancia y control, la aseguradora presentó esta tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y al principio del Non Bis In Idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho) con el fallo de responsabilidad fiscal No. 00002 del 15 de febrero de 2012, confirmado mediante los Autos Nos. 224 del 22 de marzo de 2012 y 392 del 17 de mayo de 2012.

Liberty Seguros
Pretendía que se le tutelarán tales derechos y se dejarán sin efectos las decisiones mencionadas, en virtud de las cuales debió pagarle a la Nación más de $9.000 millones como perjuicio patrimonial por incumplimiento de un contrato de seguro que suscribió en su momento con Cajanal EPS y el cual tenía por objeto amparar las enfermedades de alto costo o catastróficas que llegaran a padecer los afiliados de esa entidad hoy en liquidación.

Al respecto, Liberty Seguros se pronunció argumentando que presentó una acción de Tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerar que en un proceso adelantado por la Contraloría se le violaron varios derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al debido proceso y el principio de cosa juzgada (Non Bis In Idem). 'El fallo conocido no es definitivo y Liberty Seguros lo impugnó por considerar que el Tribunal no tuvo en cuenta…todos los derechos fundamentales que la aseguradora argumentó en la acción de Tutela', dijeron fuentes de la firma. Según Liberty, el proceso se originó en un supuesto incumplimiento de la aseguradora en relación con un contrato con Cajanal EPS.

'Liberty Seguros NO incumplió el contrato por cuanto lo ejecutó en cumplimiento del mandato de su cliente Cajanal quien había solicitado por escrito modificar la póliza para que se cubriera únicamente a los afiliados activos, excluyendo a los afiliados inactivos o suspendidos.

Cajanal pagó prima únicamente por los afiliados activos.La Contraloría investigó los hechos y el cumplimiento de dicha póliza en el 2001. Lo hizo nuevamente en el 2005. En ambos concluyó que Liberty había cumplido con el contrato.