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martes, 25 de enero de 2022

Una actuación especial de Fiscalización realizada a la Sociedad de Activos Especiales estableció 38 hallazgos administrativos

La Contraloria, liderada por Carlos Felipe Córdoba, encontró en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) 38 hallazgos administrativos , de los cuales seis tienen incidencia fiscal por un valor de $14.150 millones , que se habrían configurado en la administración, supervisión y control de igual número de sociedades.

Los hallazgos se configuraron en la administración, supervisión y control de 6 sociedades, demostrando fallas de la SAE en la supervisión, seguimiento y control. De los 38 hallazgos administrativo detectados 33 presentan presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal y seis son de carácter fiscal.

Las seis sociedades son: Sociedad Gran Muelle, con hallazgo fiscal por $5.319 millones, por cánones de arrendamiento vencidos, presentando un deterioro de la cartera; Sociedad Apva, por $5.689 millones, por cánones de arrendamiento vencidos que deterioran la cartera, derivada por una deficiente administración parte de su depositario provisional y una incompleta supervisión, control y seguimiento por parte de la SAE; y Sociedad Vaselinas Industriales, por $36.805.000, por pago de intereses de mora y retenciones en la fuente.

Además, figuran también Sociedad Valle Nevado, con un hallazgo fiscal por $33.870.000, por concepto de intereses moratorios, sanciones por extemporaneidad y multas de la Dian y la Secretaría de Hacienda de Bogotá; Sociedad Inversiones Camacho Estupiñán, por $3.312.464 por multa de la Superintendencia de Sociedades; y Sociedad Typsa, por $3.068 millones, dado que a través de su depositario provisional castigó cartera sin haber adelantado las acciones correspondientes para la recuperación efectiva.

Teniendo esto en cuenta, La Contraloría Delegada para el Sector Justicia encontró que la SAE no ha ejercido de manera eficiente su obligación de supervisión a la gestión administrativa, financiera y contable.

Además, que en la auditoría se determinó que en la mayoría de los casos las gestiones adelantadas por los depositarios provisionales han sido deficientes, negligentes y antieconómicas. Afectando en algunos casos la productividad de las sociedades que administran, presentándose el riesgo de disolución y liquidación de las mismas.

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