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José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co lunes, 9 de septiembre de 2019

El próximo 10 de septiembre se hará el primer foro de responsabilidad penal empresarial.

El próximo 10 de septiembre la firma Cáez Muñoz Mejía Abogados, la Procuraduría y la Cámara de Comercio de Bogotá realizarán en conjunto el primer Foro de Responsabilidad Penal Empresarial, en el cual se analizará el impacto que podría tener el proyecto de ley que introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia.
Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio, habló con AL sobre los avances que podría traer esta ley en materia de lucha contra la corrupción, fenómeno que cada vez aqueja con más fuerza al empresariado colombiano, lo que se traduce en pérdida de competitividad y desarrollo de la economía.

¿Qué significaría para el país tener una ley que introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica?
Es un avance legislativo muy importante. En la actualidad resulta muy complejo poder atribuir a las personas jurídicas responsabilidad penal por sus acciones, así que, cualquier movimiento en ese sentido permitirá tener una legislación más avanzada, moderna, y acorde con la normatividad de otros países.

¿Qué implicaciones tiene que las empresas asuman responsabilidad penal?
La posibilidad de que a las empresas se les puedan atribuir responsabilidades penales por sus acciones, más allá de responsabilidades laborales o civiles, tiene una implicación muy grande en la medida que se contará cada vez más con herramientas eficaces para combatir la corrupción, así como para fomentar la productividad y competitividad del país.

¿Cuáles son los beneficios de aplicar la responsabilidad penal de la persona jurídica?
Sin duda alguna el beneficio más importante de poder aplicar responsabilidad penal a personas jurídicas es que se contará con mecanismos más certeros para combatir la corrupción empresarial, fenómeno que cada vez aqueja con mucha más fuerza al empresariado colombiano, afectando la competitividad y comprometiendo la reputación de las empresas.

Desde la Cámara ¿cómo ha visto que ha sido la reacción de los empresarios antes esta iniciativa?
La reacción es muy positiva. El empresario cada vez busca más el acompañamiento del Estado y la disposición de mecanismos y herramientas que permitan mitigar conductas que afecten la transparencia y el buen nombre de sus empresas.

¿La ley disminuiría faltas éticas en las empresas?
Evidentemente, una norma como esta desincentiva la corrupción. Establecer la posibilidad de que sean las personas jurídicas quienes respondan por distintos delitos, atribuyendo su responsabilidad a quienes ejerzan actividades de administración o de supervisión generará seguramente que este tipo de acciones se presenten cada vez menos.

Además de normas o leyes ¿qué se necesita para que las empresas sean más transparentes en Colombia?
Es claro que las normas y las leyes ayudan a que este tipo de actuaciones no se presenten. Sin embargo, lo más importante es generar cultura en los empresarios para entender que la transparencia debe ser un principio rector y que el desarrollo de actos que van en contra de la ley no solo comprometen el buen nombre de las empresas y de los empresarios mismos, sino que los expone también a sanciones con implicaciones penales.

¿Cree que el centro de arbitramento de la CCB podría ser nuevamente un escenario para no llegar a esta instancia?
El centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá lleva más de 36 años ayudando a resolver a los empresarios de manera pacífica sus conflictos. En ese sentido, este siempre será un espacio dispuesto a contribuir a través de los diversos mecanismos que ofrece a la solución de las controversias. Por supuesto, habría que analizar con detalle si se requiere de ajustes normativos que den cabida a que uno de estos servicios pueda aplicarse.

¿Hay una forma de que los empresarios se blindaran por malas conductas?
No existía en mi opinión una herramienta normativa, que permitiera hacerle frente a este tipo de actuaciones de manera tan radical.
Por supuesto que como también lo manifesté no es solo una construcción normativa con imposición de sanciones lo que se requiere, sino una educación y pedagogía constante para que el empresariado tome conciencia de las implicaciones reputacionales, sociales y ahora legales, que este tipo de actividades pueden ocasionar.

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