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Sábado, 6 de mayo de 2017

El morbo de si Colombia se suma a Dinamarca en ser otro de los países del mundo en los que la aplicación tecnológica abandona las ciudades por la puerta de atrás es alimentado por noticias falsas y el protagonismo de algunos líderes gremiales de taxis que han dejado el sinsabor de que estos conductores se parecen más a una pandilla peligrosa, la cual toma acciones ilegales en cualquier momento, a pesar de que debe haber trabajadores que no cometen ningún delito, y además, prestan el servicio sin objeciones y sin maltratar a los usuarios. 

La problemática frente a la legalidad de Uber y el resto de aplicaciones tecnológicas no obedece a sus códigos madre y a su forma de operar, desde luego estas tienen que respetar las normas y fuera de ello agudizar los vínculos contractuales de sus “colaboradores” que en realidad son empleados. La necesidad de superar este escollo depende de los hacedores de leyes y quienes las proponen. Ya no es momento de que entre los ministerios se pasen la pelota de quién en realidad debe legislar sobre las apps y crear un marco regulatorio claro que no sea un beneficio para ninguna de las dos partes, sino para la sociedad que son los directos responsables de que estas plataformas sean exitosas debido a que ven que suplen unas necesidades que los actores del pasado no atendían. Ahora que estos casos están en los tribunales, es imperativo que esta regulación no se quede en el limbo y se conozca si estas innovaciones deben o no dejar Colombia.

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