La Defensoría pide precauciones ante muerte de menores ante bombardeos

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Fuerza Pública extremar las medidas de precaución en los operativos militares contra los grupos armados ilegales, en especial cuando exista información sobre la presencia de menores de edad reclutados.

El llamado se produjo luego del bombardeo realizado en Guaviare contra las disidencias de Calarcá, en el que murieron tres menores de edad. Marín recordó que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está prohibido por el derecho internacional humanitario y señaló que los grupos armados tienen la responsabilidad de poner fin a esta práctica.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 fueron reclutados 1.173 menores por grupos armados ilegales. De ellos, 97 casos corresponden a lo corrido de este año. La entidad advirtió que el número podría ser mayor, por el subregistro y la falta de denuncias.

La defensora también señaló que, durante los últimos cuatro años, 73 niños, niñas y adolescentes han muerto en bombardeos de la Fuerza Pública, de los cuales 31 fallecieron durante 2025.

Marín reconoció que el Estado tiene la facultad de realizar operaciones militares contra estructuras armadas ilegales, pero sostuvo que, cuando las autoridades conocen la posible presencia de menores víctimas de reclutamiento, deben evaluar alternativas y aplicar medidas especiales para proteger sus vidas.

Asimismo, cuestionó que los menores puedan perder su condición de víctimas por participar en las hostilidades. En ese sentido, rechazó que se presuma que los niños estaban desempeñando funciones permanentes de combate, como lo planteó el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, al referirse a los menores fallecidos en Guaviare.

Por ello, Marín propuso reactivar la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, instancia en la que participan diferentes entidades estatales. Sin embargo, explicó que su liderazgo estaba en manos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, dependencia que fue eliminada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.