Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Carlos Parra Dussan viernes, 14 de junio de 2013

Colombia se ha ceñido a las políticas antidrogas asumidas por la Organización de Naciones Unidas desde 1961, con la Convención Única sobre Estupefacientes de New York Ley 13 de 1974, instrumento que adoptó el prohibicionismo como política internacional antidrogas.

La  Convención  de las  Naciones  Unidas  contra  el Tráfico  Ilícito  de Estupefacientes y  Sustancias  Psicotrópicas, suscrita  en Viena en 1988 y aprobada  en nuestro país por  la Ley  67 de 1993,  declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-176 de 1994, en su artículo 3º afirma que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar en su derecho interno delitos relativos a la fabricación, la oferta, el  transporte  y  el tráfico  de  estupefacientes  y  sustancias psicotrópicas. La Organización de Naciones Unidas ha complementado esta política prohibicionista de drogas con otras dos convenciones: la Convención contra el Crimen Organizado Trasnacional, Ley 800 de 2003 y la Convención contra la Corrupción relacionada con el Tráfico de Drogas, Ley 970 de 2005.
 
Pese a la ratificación de las citadas Convenciones, la Corte Constitucional en una primera etapa despenalizó el consumo de la dosis personal,  con la Sentencia C-221 de 1994, estableciendo que el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la  libertad,  puede regular  el consumo mínimo de droga.
 
La segunda etapa, la prohibición constitucional, inició con el fallido referendo constitucional, Ley 796 de 2003, que intentó prohibir la dosis personal. 
 
Posteriormente el Gobierno hizo muchos intentos para prohibir el consumo de droga, hasta que finalmente logró tener éxito y el Congreso aprobó el Acto Legislativo 02 de 2009, que reformó el artículo 49 constitucional, prohibiendo la dosis personal, consagrando que “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”.  Igualmente agrega la norma que “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. 
 
La tercera etapa, la regulación penal, se logró con la Ley 1453 de 2011, seguridad ciudadana, que en el  artículo 11 modificó el Código Penal,  Ley 599 de 2000 en su artículo 376 sobre tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a cualquier título, imponiendo como pena la prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La cuarta etapa, la droga como salud pública, se configura con la Ley 1566 de 2012, que en su objeto establece, que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos, por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado. 
 
Esta etapa se armoniza con la Sentencia C-491 de 2012 de la Corte Constitucional, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 376 del Código Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011,  según la cual la regulación del porte de dosis para uso personal no se encuentra dentro del ámbito normativo del artículo 376 del Código Penal y por ende, no está penalizada. En conclusión, Colombia está adoptando un cambio de estrategia de lucha contra la droga, siendo apenas el primer paso en un arduo y complejo camino hacia un conjunto de políticas consensuadas mejores que las actuales, que deben responder al enfoque que hoy se tiene sobre la droga como un problema de salud pública. 
 
LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.