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Colprensa jueves, 12 de septiembre de 2013

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación afirmaron que en el momento se están adelantando unas 10 investigaciones en contra de la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, por denuncias que han radicado en su contra la Asociación Sindical de Trabajadores del organismo de control.

El ente acusador confirmó que entre dichas investigaciones en contra de la funcionaria se encuentran relacionadas las de nóminas paralelas, anomalías de contratación y prevaricato.

Así mismo, aseguraron que también se llevan a cabo dos investigaciones que la propia contralora solicitó.

Según la Fiscalía, del total de procesos ya se han adelantado dos, uno de ellos fue el que se realizó ayer, en donde cerca de 40 miembros del CTI realizaron una inspección a las instalaciones de la Contraloría General de la República, ubicada en el occidente de Bogotá.

Dicha investigación se realizó para establecer posibles irregularidades parte de este organismo de control, en interceptaciones y seguimientos en procesos de responsabilidad fiscal.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación explicó que dichas denuncias hacen referencia a “presuntos sobrecostos en la contratación de las actuales dependencias del ente de control; así como la presentada por los ciudadanos Ramiro Bejarano Guzmán y Cecilia Orozco Tascón, relacionada con presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales”.

“En ese orden, el despacho del señor vicefiscal general de la Nación dispuso practicar diligencia de inspección con el fin de verificar el cumplimiento de todos los elementos constitutivos del contrato de arrendamiento suscrito entre el organismo de control y la empresa Proyectos y Desarrollos UNO S.A., contrato cuyo valor asciende a $2.500.000.000 millones mensuales” explica la ente de investigación en el comunicado.

Así mismo, el organismo de control explicó que con la actuación judicial se pretende recolectar todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitan establecer o desvirtuar la existencia de los mencionados seguimientos o interceptaciones a algunos periodistas.

Por los hechos, el ente acusador ya ha llamado a interrogatorio a varias personas, entre ellas funcionarios de la Contraloría para establecer la responsabilidad de Morelli en estas conductas y, según han señalado, no descartan que entre los citados por los fiscales que adelantan el caso esté la misma contralora.

Según señalaron las fuentes, en los próximos días y con los resultados obtenidos en la diligencia de inspección judicial a la sede de la Contraloría, la Fiscalía podrá tomar decisiones.

Adicional a estos procesos, la Contraloría también está siendo investigada por su cambio de sede, luego de que Morelli asegurara que el edificio, del cual es propietario su despacho, no sirviera para albergar todos los expedientes y funcionarios que trabajan allí.

El contrato de arrendamiento del nuevo edificio donde se ubica la Contraloría está bajo la lupa de los organismos que vigilan al Estado y en los próximos días se conocería la suerte de esta medida que se tomó iniciando este año.

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