Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Martes, 21 de agosto de 2012

Hoy se radicará una petición de la Red de Veedurías al fiscal General, Eduardo Montealegre, con el fin de obtener una respuesta sobre el estado de la denuncia penal contra el ex procurador Edgardo Maya Villazón.

La Fiscalía cuenta con diez días para contestar la petición, ya que este proceso se remonta a la queja disciplinaria presentada el 29 de octubre de 2002 ante la Procuraduría General de la Nación a cargo de Edgardo Maya Villazón, con ocasión del nombramiento de Eva María Uribe como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD estando su hermana Blanca Eugenia Uribe como jefe del área Legal de Ecogas, entidad sometida a la vigilancia, inspección y control por la SSPD y que aplica la regulacion de la Comisión de Regulación de Energía y Gas-Creg.

Según el director de servicios públicos de la Red de Veedurías, Libardo Espítia, por haber aceptado el cargo, Uribe Tobón violó el artículo 44 de la ley 142 de 1994 que prohíbe a cualquier persona prestar sus servicios a las comisiones de regulación o a la SSPD que dicta el impedimento a quien haya sido empleado de una empresa de servicios públicos antes de transcurrir un año de terminada su relación laboral; dicho impedimento cobija a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes dentro del tercero, segundo y primer grado de afinidad.

'La queja fue asignada a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa el 27 de enero de 2003 y contrariando las disposiciones y términos de la misma ley 734 de 2002 ó Código Unico Disciplinario-CUD que establece que es obligacion de todo funcionario que conozca de un caso posible de irregularidad, aperturar si existe duda, la indagación preliminar que tiene una duración de seis meses e igual para una investigación disciplinaria formal; no obstante solamente el 24 de marzo de 2004 aperturó una indagación preliminar incompleta donde solo me llamó a ratificación de la denuncia presentada', manifestó Espítia.

También afirmó que adelantando una indagacion irregular y violando los términos de la función administrativo y del CUD, la Delegada emitió auto de archivo el 25 de mayo de 2005, que fue apelado ante la Sala disciplinaria; quien el 20 de octubre de 2005 revocó el archivo y ordenó la apertura de la investigación disciplinaria y el envío de las diligencias con destino a la Veeduria para que se investigaran a los funcionarios que mantuvieron inactivo el expediente por espacio de más de un año.

'Pasaron ocho meses (julio de 2006) y la Deleegada no aperturaba la respectiva investigación disciplinaria ni tampoco respondía a las solicitudes de información y por tal razón se instauró una acción de tutela, ordenándole el juez la apertura de la investigación disciplinaria al Delegado Cesar Augusto Amaya Medina el 24 de julio de 2006. Así mismo, se le informó las irregularidades del Delegado al Procurador General Edgardo Maya Villazón y por ello es destituido el Delegado y pasa a ser reemplazado por Jesualdo Villero Pallares quien venía de ser el Veedor de la entidad'. En el mes de marzo de 2007 pasados 8 meses y ante el silencio de la Delegada a cargo de Jesualdo Villero Pallares nuevamente se instauró accion de tutela por omisión y por ello prorrogaron por otros seis meses la investigacion disciplinaria. En abril de 2008 la Delegada con el argumento de que la ley 142 de 1994 no se le aplicaba a Ecogas, dictó decisión de absolución a favor de Eva María Uribe, decisión que fue apelada ante la Sala Disciplinaria que ratifcó la decisión en mayo de 2008. Por tal razón fue instaurada denuncia penal ante la

Fiscalía General de la Nación contra el Procurador Maya, los dos Procuradores Delegados y los funcionarios sustanciadores Nelly Angarita y Edgar Rojas y que le fue asignada a la Fiscal 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia quien ordenó la apertura de la respectiva investigación. 'La cuestionada gestión de la

Procuraduría de Maya en el expediente, dejó un claro favorecimiento a la funcionaria investigada violando los principios constitucionales de la función pública, las disposiciones del CUD y de la misma ley de servicios públicos', señaló Espítia.