Fiscalía General de la Nación anunció imputación de ocho personas por caso de Ungrd
La entidad detectó una reducción irregular de $100.000 millones en el acuerdo entre la Ungrd y la ANT, lo que motivó la investigación
13 de mayo de 2025
La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de ocho personas por estar vinculadas al caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre, Ungrd. Entre los implicados se encuentra César Manrique Soacha, quien fue mano derecha del presidente Gustavo Petro y exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
El ente acusador señaló que los cargos están relacionados con un entramado de corrupción que habría direccionado contrataciones y desviado recursos públicos, específicamente dentro de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras, ANT.
Según la Fiscalía, se detectó una reducción irregular de $100.000 millones en dicho acuerdo, lo que motivó el avance de la investigación y las solicitudes de judicialización.
César Manrique será imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Además, otras personas enfrentan cargos similares, entre ellas contratistas, abogados y representantes de la Corporación Mixta Yapurutú, señalados por delitos como falsedad documental y lavado de activos.
La Fiscalía también mencionó que aún está en evaluación la situación de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y figura clave del gobierno Petro. Aunque su imputación no ha sido confirmada, su nombre aparece en las declaraciones entregadas por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes lo señalaron de haber dado instrucciones para entregar sobornos a congresistas.
Entre los otros imputados figuran Édgar Riveros, abogado; Sonia Romeo y Óscar Cárdenas, contratistas de la Ungrd; Édgar Echeverri y Francisco Estupiñán, vinculados a Yapurutú; Jorge Aristizábal, funcionario público; y Ana María Riveros, contratista, estos dos últimos señalados por lavado de activos. Con estas acciones, la Fiscalía busca avanzar en la judicialización de los responsables del escándalo.
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