jueves, 25 de febrero de 2016
El caso será llevado por la Unidad de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dependencia que estudiará si hubo algún tipo de irregularidad por parte del Ministro de Hacienda y Crédito Público, al momento de la subasta, en la que Bookfield Asset Management realizó un pago de $6,49 billones, por el pago del 57 % de las acciones de Isagén que pertenecían en un 57,6 % al Estado.
Según el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, las irregularidades en este caso se presentaron, al momento en que se inició la subasta de las acciones de la empresa, según el denunciante este proceso no fue una convocatoria “seria”, y no se escucharon otros posibles compradores.
“No hubo una puja a lo que refiere a una subasta, no hubo un espacio para que los posibles compradores hicieran un estudio de la obtención de las acciones, porque el ministro Cárdenas hizo la convocatoria a mediados de diciembre, y la subasta se realizó en enero, lo cual no da un margen superior a los 20 días para convocar a los oferentes”, indicó Bustos, frente a los hechos que rodearon su denuncia.
En ese sentido, la Fiscalía General iniciará las pesquisas para determinar si la denuncia puede trascender a los delitos referenciados y también analizarán hechos judiciales como la demanda que fue presentada ante el Tribunal de Cundinamarca, por varios congresistas que manifestaron que en la venta de la empresa de energía se violaron los derechos a la libre competencia y la posibilidad de escuchar otras propuestas en la millonaria negociación.
Por el momento, el ente acusador le notificará a Mauricio Cárdenas sobre la apertura del proceso, y en seguida la Fiscalía iniciará la investigación para determinar a qué instancias puede llegar este proceso.
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