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jueves, 10 de febrero de 2022

La entidad acusatoria afirma que es necesario plantear estrategias diferenciadas en cada una de las fases de cara a las próximas elecciones

La Fiscalía General de la Nación definió la hoja de ruta para hacer frente a los posibles fraudes electorales y otras conductas que impidan celebrar las elecciones que se avecinan en los próximos meses. A través de la expedición de la Directiva 0002, Francisco Barbosa, fiscal general, anunció cuál será la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en las jornadas electorales.

“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, afirmó el fiscal. Según las cifras que arrojó el análisis de riesgos de la entidad, Antioquia es el departamento con más municipios con alto riesgo, con 38. Cauca le sigue con 32 zonas donde el fraude electoral está muy latente y Nariño cuenta 18, al igual que Norte de Santander.

En cambio, en el Valle del Cauca hay 14 municipios con alto riesgo electoral, y siguen en el listado Bolívar y Tolima, con 12 cada uno; y Chocó, Santander y Caquetá, donde el mayor riesgo se presenta en nueve.
Sobre el plan de acción, la Fiscalía afirma que el principal objetivo es poner en evidencia y actuar contra los responsables de los delitos electorales, a la vez que se identifican y desarticulan estructuras que se organizan para incidir negativamente en los votantes a lo largo del territorio nacional.

Por esta razón, la Fiscalía afirma que es necesario plantear estrategias diferenciadas en cada una de las fases de las elecciones: inscripción y aceptación de candidatos a la elección, votaciones y escrutinios.
En las últimas dos fases señaladas, la Fiscalía busca mitigar actos ilegales como la compra de votos; durante los escrutinios también se tratarán de evitar eventuales acciones para modificar los resultados.

La entidad, por estos motivos, contará con un equipo delegado de fiscales especializados, quienes estarán en el Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, que está adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

También harán parte del seguimiento la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Delegada contra la Seguridad Territorial y el área de Finanzas Criminales. Esta última investigará posibles financiaciones ilícitas de campañas o alteraciones en informes contables presentados ante las autoridades electorales.

“Tendremos un comité de priorización en la Fiscalía General de la Nación permanente. Un comité directivo analizando el fenómeno electoral, de acá al fin de los comicios presidenciales. Al mismo tiempo, tendremos puestos de mando unificado itinerantes en todo el territorio nacional, organizados por los directivos seccionales para informarle al país, en tiempo real, lo que está pasando con el delito electoral en Colombia”, enfatizó el fiscal Barbosa.

La Fiscalía añadió que el personal que recibirá las denuncias ciudadanas sobre cualquier irregularidad, en especial aquellas sobre incidencia en la voluntad de la ciudadanía para participar en los comicios, será capacitado sobre las conductas más frecuentes.

De igual manera, desde la entidad se recalcó que los fiscales que lleven casos “tendrán libertad probatoria y de aplicación de las distintas técnicas investigativas”, pero deberán construir procesos robustos y entendiendo las prácticas ilegales de cada territorio.

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