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Colprensa jueves, 7 de noviembre de 2013

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le advirtió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que la inauguración de obras que el Gobierno adelante, sólo podrá hacerse sin que se convierta en un acto que sugiera un aspecto político.

El pronunciamiento lo hizo en respuesta a una consulta del Ministerio de Vivienda relacionada con la entrega de las 100.000 viviendas gratis. Según el ente de control, de ahora en adelante, y por cuenta del proceso electoral que se avecina, no se podrán celebrar convenios administrativos para la entrega de viviendas. Esto incluye las tablets del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y los demás programas del gobierno.

Crisis de institucionalidad
Así mismo, Ordóñez aseguró que el país vive una crisis de institucionalidad realmente grave que lleva cada vez más a la desconfianza de los ciudadanos.

“El proceso de desinstitucionalización que estamos viviendo es dramático (…) genera una gran desconfianza entre los ciudadanos, aquellos que deben ser beneficiados de las políticas públicas”, señaló.

Ante un auditorio de servidores públicos del sector de minas e hidrocarburos, Ordóñez aseguró que las encuestas sobre las instituciones evidencian esa situación.

“Salvo el Ejército y la Policía, las demás instituciones incluyendo los organismos de control tienen niveles de desfavorabilidad angustiosos, cerca de 70%. No se salvan ni tirios ni troyanos ni aceitunos, todos por igual, toda la institucionalidad esta siendo cuestionada”, apuntó el procurador Ordóñez.

De acuerdo con el jefe del ministerio público, cuando esto sucede los movimientos sociales empiezan a “desbordar” a la institucionalidad.

El pronunciamiento se dio a la hora de pedir al sector de minas, energía e hidrocarburos coordinación interinstitucional para garantizar los bienes esenciales de esas industrias.

Allí, Ordóñez recordó el deber de las autoridades de evitar que en procesos de contratación “se filtren personas naturales y jurídicas cuya pretensión sea encubrir sus actividades ilegales bajo el amparo de la actividad minera”.

Así mismo, el procurador general le solicitó a la Corte Constitucional que no se pronuncie sobre las tres demandas que cursan en contra del Pacto de Bogotá, suscrito por Colombia mediante la ley 37 de julio de 1961.

En concepto radicado en la Corte, Ordóñez le pide al alto tribunal que no se inhiba de emitir un fallo o que, si lo hace, que avale condicionadamente el tratado.

“Consideramos que la Corte es incompetente para proferir decisiones de fondo sobre los tratados internacionales que están en ejecución y que han sido ya aprobados por el Congreso Nacional”, señaló Ordóñez.

En septiembre, la Corte Constitucional aceptó estudiar la demanda que presentó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en contra de dicho Tratado.

La Corporación, además, solicitó a los expresidentes Belisario Betancourt, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe para que emitan un concepto sobre estos hechos.

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