Paola Aldana y Camilo Martínez, de DLA Piper Martínez Beltrán

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Noelia Cigüenza Riaño - nciguenza@larepublica.com.co viernes, 12 de junio de 2020

Para la nueva socia de DLA Piper Martínez Beltrán, el Gobierno es el primer interesado en prender el motor de las obras 5G

En medio de la crisis generada por el covid-19, DLA Piper Martínez Beltrán eligió a Paola Aldana como nueva socia de la práctica de Infraestructura de la firma. La abogada, que cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector, habló con Asuntos Legales sobre el papel que juegan los diferentes proyectos tanto públicos como privados para poder reactivar de nuevo la locomotora del país.

¿Por qué arrancar en un área de práctica en medio de la crisis?
La infraestructura mueve muchos puntos de la cadena de valor: abastecimiento, producción, entonces, este es sin duda un sector que juega un papel muy importante para reactivar la economía. De hecho, fue uno de los primeros que se reactivó.

Obvio, habrá retos por delante como, por ejemplo, lograr la contratación de proyectos por parte del Estado que generen eficiencia, en condiciones de absoluta transparencia en donde tanto los públicos como los privados logren probar su capacidad de reinvención. Nosotros, en particular, buscaremos ser un aliado fundamental en este proceso.

¿Qué tanto ha impactado el covid-19 al sector?
Primero, hubo un momento de exención del pago de peajes. Ese impacto es algo que ni el Estado ni los privados han dimensionado. Adicionalmente, todos los proyectos venían con un ritmo y se han reactivado, pero no 100%. Ahora tienen que cumplir una serie de protocolos muy estrictos de bioseguridad en dónde será importante entender cómo reactivarse, pero ahora con mayores costos para proteger la salud.

También hay que resaltar el cambio de la demanda porque la mayoría de las ciudades y departamentos cerraron sus fronteras. Al igual, hay que tener en cuenta la reactivación de los planes de obra en un nuevo marco regulatorio al que tanto los privados como el Gobierno se están adaptando. También, resalta que hay mucha demanda de revisión de los contratos de concesión, que son de muy largo plazo.

¿Cómo enfrentar esta nueva realidad normativa?
Se han dado cambios, sobre todo, muchos decretos reaccionando a la reactivación del sector y a la posibilidad de la contratación pública. Estamos ante un nuevo marco normativo, muchos de los consejos legales de hace un año podrían ser distintos ahora.

¿Cuáles diría que han sido los efectos contractuales más importantes de la pandemia?
Muchos han sido asociados a los costos. La mayoría de los proyectos de infraestructura, al menos todos los concesionados, funcionan en torno a un modelo financiero y este tiene un insumo importante, que son los estudios de demanda y el tráfico que se espera del proyecto.

Entonces, ahora se trata de entender hasta qué punto se han impactado o no esos modelos y qué es lo que toca revisar. Se habla de diversas figuras para manejar los impactos en los contratos: de revisión, de aducir temas como si es fuerza mayor o no, pero, en últimas, todo se centra en cada uno de los proyectos.

¿Toda esta situación podría ahuyentar a los inversionistas extranjeros?
Colombia es un país que en medio de la pandemia del covid-19 ha enfrentado bien la situación y eso le ha dado tranquilidad a los inversionistas.

Adicional a ello, el Estado se está abriendo a nuevos proyectos. Para este año y el siguiente se prevén montos importantes. Estamos generando oportunidades en la industria y no creería que la situación del nuevo coronavirus cambie ese apetito.

¿Y creería que esta situación podría llegar a retrasar los proyectos de 5G?
Los proyectos de la quinta generación de concesiones viales (5G) venían siendo estructurados con mucha antelación a la pandemia. Entonces eso va a permitir que por lo menos el primer proyecto (Cali- Palmira) salga este año. El segundo a finales de este año y comienzos del otro y de ahí en adelante el resto. El Gobierno es el primer interesado en prender el motor.

Puede que los proyectos que estaban un poco más retrasados en su reestructuración, sea normal que se presenten algunos contratiempos. Sin embargo, el Estado es el principal interesado y hay muchos proyectos contratados. En estos momentos se va a requerir un esfuerzo del aparato estatal a nivel nacional, regional y territorial.

¿Se podría decir que la infraestructura social podría resurgir con el covid-19?
La infraestructura social se ha demorado en tomar protagonismo pero desde el año pasado hay muchos proyectos que vienen sonando como la construcción del Hospital de Bosa a través de una Alianza Público Privada (APP). Sin embargo, en este momento también hay que centrarse en otros tipos.

¿Qué proyectos destacaría entonces?
Los de transporte en sus distintos modos: vial, férreo y aeroportuario. Este último es bien importante porque hay varias iniciativas privadas y aeropuertos en estructuración que estaban andando y que ahora, como nunca, va a ser necesario entender qué va a pasar con ellos. Igualmente, es importante saber cómo se van a reactivar los puertos para que el comercio exterior fluya o el tema de la competitividad de todos los canales de acceso (Barranquilla, Buenaventura). Tampoco hay que olvidar los trenes de cercanías, el Regiotram, el del Valle o la vía férrea La Dorada - Chiriguaná, entre otros.

Aldana es abogada de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización en Negocios Internacionales en Los Andes. Se ha enfocado en su carrera en la asesoría a entidades públicas y privadas en las distintas etapas de los proyectos. Antes de formar parte de DLA, lideró como abogada senior la práctica de infraestructura en Posse Herrera Ruiz y trabajó en el equipo de Dechert LLP, en su oficina en Nueva York. Desde 2018, ha sido ranquedaen Chambers y Legal 500.

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