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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co jueves, 30 de julio de 2020

Uno de sus aspectos que contempla es el de desarrollo legal a la reforma constitucional de equilibrio de poderes

El Consejo Superior de la Judicatura presentó ayer un proyecto de ley con el que busca modificar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, con el fin de contribuir al mejoramiento de la administración de justicia y que haya una mejora del acceso de los ciudadanos a este servicio .

La ley 270 de 1996 contempla los puntos más importantes en la forma en cómo se debe administrar la justicia en el país, desde su acceso hasta los derechos de defensa y la celeridad con la que se deben dar los procesos.

Debido a la situación actual del covid-19 y ante los cambios que se han venido presentando en la Rama Judicial, la Judicatura decidió dar su aporte e impulsar un proyecto que esté a la vanguardia y a las necesidades sociales de la actualidad.

De esta manera, la propuesta quiere incidir positivamente en la operación tanto de los despachos judiciales de todo el país como en el Gobierno y la administración del poder judicial, por lo que entre uno de sus aspectos que contempla es el de desarrollo legal a la reforma constitucional de equilibrio de poderes con lo que se destrabaría el funcionamiento de la Comisión de Disciplina Judicial creada desde 2015.

Así mismo, se busca fortalecer la carrera judicial para lograr que los profesionales más idóneos sean los responsables de la tarea de administrar justicia y dar autonomía presupuestal a la Rama Judicial para generar una independencia real de quienes cumplen la función jurisdiccional del Estado.

Los otros dos puntos que se establecieron en el proyecto fueron los de definir legalmente la administración de justicia como un servicio público esencial para garantizar su prestación continua en beneficio de los ciudadanos y el de delimitar las funciones entre la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para lograr mayor eficiencia en la provisión de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la justicia.

El proyecto de ley del Consejo que fue presentado ante la Cámara de Representantes, la cual es la que se va encargar en un primer debate de deliberar si la iniciativa cumple con los objetivos.

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