Colprensa Miércoles, 2 de octubre de 2013

La Procuraduría General de la Nación, en su informe de gestión de 2012, dio cuenta de las sanciones disciplinarias proferidas en contra de servidores públicos, así como las alertas por desplazamiento, retorno y la situación carcelaria en todo el país.

Entre las cifras que manera el ministerio público se señala que fueron sancionados disciplinariamente cinco exsenadores, un representante al Cámara, nueve gobernadores, dos diputados, 258 alcaldes y 177 concejales.

En este caso, en el 2012 quedaron en firme las destituciones al exsenador Iván Moreno Rojas por el ‘Carrusel de la Contratación’; Piedad Córdoba, por ‘farcpolítica’; Luis Alberto Gil, por ‘Parapolítica’; Eduardo Carlos Merlano, por tráfico de influencias relacionado con conducir en estado de embriaguez; y, el caso de Manuel Julián Mazenet por un detrimento patrimonial que se produjo cuando era secretario de Educación del departamento del Magdalena.

De acuerdo con el informe de Gestión, el año pasado la Procuraduría tramitó cerca de 55.994 expedientes y, en el proceso verbal, se produjeron 306 fallos sancionatorios y 175 absolutorios a servidores públicos en todo el país.

Desplazamiento y retorno
La entidad expresó que aún persiste el desplazamiento forzado debido a que “las políticas hoy desarrolladas por el Estado no cierran la brecha para garantizar el restablecimiento pleno de los derechos de esa población”.

De acuerdo con el ministerio público, luego de realizar visitas en Nariño, Córdoba, Arauca, Cauca y Chocó, permiten señalar deficiencias en la atención de esta población, especialmente en materia de retorno a los lugares de origen.

“Los procesos de retorno visibles son únicamente los considerados en el programa ‘Retornar es vivir’ y en su estrategia de acompañamiento ‘Familias en su tierra’. Sobre los procesos que no se encuentran en estos programas no se brinda información, aspecto que lleva a dos conclusiones provisionales: los procesos de retorno y reubicación fuera de los programas institucionales no son objeto de atención y reparación integral o no se tiene información veraz, actualizada y completa sobre su universo en nuestro país”, asevera el informe.

La entidad insistió en la necesidad de que la Unidad de Víctimas haga una valoración de las declaraciones de afectados que hayan sido presentadas ante la Procuraduría y que haya una debida activación de la función disciplinaria sobre el incumplimiento de las órdenes que ha dado la Corte Constitucional.

Preocupación carcelaria
La Procuraduría igualmente alertó por los altos niveles de hacinamiento en las cárceles de país que no ha podido ser resuelto ni por la construcción de nuevos centros penitenciarios.

Las preocupaciones se extienden a la infraestructura de las cárceles que tienen más de 50 años, así como la falta de personal como trabajadores sociales, psicólogas, contadores, terapeutas, abogados, instructores, jefes de talleres y educadores de planta.

Igualmente, se alerta porqué no se entregan oportunamente los elementos de aseo a los internos y se ignora la importancia que posee la recreación como parte integral del tratamiento.

“Existe inconformidad por parte de los reclusos en cuanto al suministro de la alimentación y en algunos casos no se cuenta con comedores, como en el establecimiento La Modelo de Bogotá y otros que sí los tienen, como en La Pola de Medellín”, señaló la entidad.

De las visitas realizadas a La Modelo, La Picota y reclusión de mujeres de Bogotá; Cómbita, Boyacá; La Dorada, Caldas; Picaleña, Ibagué; Bellavista y El Pedregal de Medellín, y el centro reclusión de mujeres de Cali, se pudo concluir que el servicio de salud a cargo de Caprecom es deficiente.