La Procuraduría obligará a priorizar sanciones a la violencia política contra las mujeres
La medida implementa canales de denuncia nacionales, asesoría técnica y un enfoque de género obligatorio para asegurar integridad
15 de febrero de 2026
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La Procuraduría General de la Nación ha emitido una nueva directiva orientada a la intervención en casos de violencia política contra las mujeres. Esta medida, firmada por el Procurador General Gregorio Eljach Pacheco bajo la estrategia de Paz Electoral, establece lineamientos para la prevención, atención y sanción de estas conductas.
La normativa vincula a todas las procuradurías delegadas, territoriales y funcionarios del Ministerio Público en el territorio nacional.
El ente de control fundamenta esta disposición en la necesidad de garantizar la transparencia de los procesos electorales y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Según el documento, la erradicación de la violencia en el entorno político se considera un requisito técnico para el funcionamiento institucional. La directiva enfatiza la protección de la integridad de las participantes como un factor para la estabilidad del sistema democrático colombiano.
La normativa exige la aplicación de un enfoque de género e interseccional en el tratamiento de los expedientes. Este lineamiento técnico obliga a los funcionarios a considerar variables como la etnia, la edad, la discapacidad y la ubicación geográfica al momento de evaluar las agresiones. El objetivo es identificar las formas en que la violencia se manifiesta en diferentes contextos socioeconómicos y territoriales del país.
Para la ejecución de estas medidas, el Ministerio Público ha habilitado canales de denuncia a nivel nacional y ha dispuesto un trámite preferente para los procesos relacionados. La estrategia incluye asesoría jurídica, coordinación entre diferentes instituciones del Estado y la vigilancia estricta de los protocolos existentes en las corporaciones públicas. Estas acciones buscan agilizar la respuesta estatal ante posibles vulneraciones.
La directiva establece que las investigaciones disciplinarias contra servidores públicos o particulares con funciones administrativas se realizarán con especial diligencia. El incumplimiento de estas normas o la participación en actos de violencia política contra las mujeres serán objeto de seguimiento prioritario.
Con esto, el organismo busca asegurar que las funciones públicas se ejerzan dentro del marco del respeto a la participación política femenina.
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