Colprensa Miércoles, 17 de septiembre de 2014

En 2012 dicho decreto convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que estudiara las objeciones del presidente Santos, en contra de ese acto legislativo, luego que se advirtieran algunas deficiencias planteadas en el texto. 

Para el mandatario, quedó ratificado por el Consejo de Estado que no entrará en vigencia la reforma y que permanecerá archivada, como lo decidió el Congreso. 

“Quedan despejados para siempre los riesgos jurídicos que representaban algunas de las disposiciones de la reforma, como lo dijo el gobierno en su momento. El orden jurídico de la nación ha quedado salvaguardado”, dijo el Presidente. 

Aun así el mandatario señaló que sigue pensando que las objeciones de actos legislativos son atribución del Presidente de la República, pero que acata la sentencia como lo haría con cualquier decisión judicial. 

En su momento, cuando se decidió ‘hundir’ en sesiones extras el acto legislativo, el propio presidente Santos dijo que asumiría toda la responsabilidad política y jurídica por hacerlo. En dicho decreto se argumentó “que ninguna norma de la Constitución prohíbe de manera explícita la presentación de objeciones gubernamentales contra actos legislativos”. 

La Sala estudió una ponencia de la magistrada y presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, que anula el decreto alegando que la citación a sesiones extras fue inconstitucional y, con esta decisión, se deja en claro que en adelante quien ejerza la dignidad de Presidente de la República no puede objetar actos legislativos.