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Esteban Feria sábado, 29 de mayo de 2021

El ente de control aseguró que sancionó con una multa y la cancelación de la habilitación a cinco de las más de 40 compañías

La Superintendencia de Transporte anunció investigaciones contra 44 empresas de carga por presuntamente cesar sin razón algunas sus operaciones. El ente de control afirmó también que sancionó con una multa y cancelación de la habilitación a cinco de las más de 40 compañías, pues se comprobó que, en efecto, frenaron sus actividades injustificadamente.

“Completamos a la fecha 149 empresas de transporte a las que se les cancela la habilitación, lo cual entre otros evita que aparezcan ‘empresas de papel’ que no reportan al RNDC y podrían prestarse para prácticas prohibidas”, dijo el superintendente Camilo Pabón.

Las empresas sancionadas, según la información de la entidad, fueron: Transportes Consinbe Limitada, Oilserco S.A.S., Transportes Triana Limitada, Comercializadora de Fertilizantes y Carga Limitada.

Ayer también la Superintendencia de Industria y Comercio en coordinación con la Superintendencia de Transporte adelantaron visitas de inspección a las básculas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. El objetivo era verificar si los instrumentos se encontraban ajustados a las condiciones normales de medición para garantizar transparencia y calidad a los viajeros.

“El apoyo de la Superindustria es invaluable para el sector transporte; esta vigilancia articulada de las dos superintendencias busca que los instrumentos de pesaje ubicados en la infraestructura de transporte cumplan con los requisitos legales y brinden confianza en las mediciones”, comentó Camilo Pabón Almanza, superintendente de Transporte.

Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, aseguró que es importante para las aerolíneas calibrar sus equipos para darle confianza a los viajeros, además destacó la importancia de hacer este tipo de visitas de inspección para favorecer siempre a los consumidores.

Las básculas que se encuentren fuera de los errores máximos permitidos podrían afrontar sanciones por cerca de 2.000 salarios mínimos (Smmlv).

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