Las 10 tareas pendientes del presidente Santos con el sistema penitenciario

Ad portas de que empiece el segundo ‘round’ presidencial para Juan Manuel Santos, los retos para los próximos cuatro años van tomando más fuerza en la agenda del Mandatario. Aunque mucho se ha hablado de las primeras siete tareas que deberá atender: tumbar la reelección, trabajar en la reforma tributaria, y en otras en el sector de la justicia, la salud, el sistema pensional y la educación y sacar adelante la Ley de Fronteras, hay un proyecto que tiene que incluirle a su lista de prioridades, se trata de darle respuesta a los problemas penitenciarios que hay en Colombia.

Los 10 pendientes que tiene el Gobierno en materia y por los que tendrá que trabajar para darle desarrollo al nuevo Código Penitenciario (Ley 1709 del 20 de enero de 2014) que empezó a regir a inicios de este año, son: el hacinamiento que alcanza una elevada cifra, 53%, la falta de trato diferenciado, los problemas de salud, educación, la suspensión de la condena por penas menores a cuatro años, beneficios de libertad condicional a quienes hayan cumplido las tres quintas partes de la condena, la creación de ciudadelas de detención, la separación de sindicados y condenados, agilizar la figura de los subrogados penales, como mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y lograr que la Policía trabaje de la mano del Inpec para verificar el cumplimiento de las penas de prisión domiciliaria.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia hay 120.623 personas privadas de la libertad dentro de 138 centros penitenciarios que le cuestan a la Nación $1,5 billones al año, es decir por cada uno de los reclusos se pagan $13,1 millones cada 12 meses.

Sustituir las penas privativas, sería una de las soluciones más eficientes para destrabar el enredo de las cárceles nacionales, de acuerdo con Francisco Bernate, abogado penalista.

Dice el experto que hay que transformar el sistema de detención para que este empiece a funcionar. “Hay que lograr que las personas se defiendan en libertad. Adicional a eso, hay que ver como se reeduca a la población en términos de delincuencia y hacer respetar las decisiones de los jueces, porque por lo general, si un juez no le da la razón a la Fiscalía, está lo investiga y así los procesos se complican”.

Para Bernate la solución no está en crear más cárceles, sino en pensar en nuevas soluciones que no requieran, necesariamente, enviar a los reclusorios a los ciudadanos por delitos que muchas meses pueden ‘pagarse’ de otras maneras.

Aunque el Código contempla lo anterior, la ejecución del Estado va priorizando otros puntos y hace dos días, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en compañía del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, anunciaron que empezarán a programar la construcción de seis nuevos proyectos penitenciarios en seis ciudades del país para la ampliación de cupos carcelarios.

Según Cárdenas las obras se ejecutarán en Ibagué, San Gil, Girón, Palmira, Cómbita e Ipiales, lugares que ya tienen diseños elaborados por la Universidad Nacional, para disponer de 4.000 cupos adicionales con un costo estimado de $350.000 millones.

Con esto se empezaría a facilitar el trato diferenciado de acuerdo con el género, la edad o la condición de discapacidad que también resultan claves en la norma. Para Otoniel Camargo, abogado experto en penal, el código es como un ‘paño de agua tibia’ a un problema estructural que no necesita de nuevas leyes penitenciarias, sino de atención a la educación y al empleo.

“Mientras exista una sociedad injusta en términos económicos, van a seguir proliferando actividades delictivas como el atraco. Siento que no se gana nada con regular el hacinamiento o brindar rebajas de penas, mientras la falta de oportunidades siguen presentes. Pueden sacar 10 personas de la cárcel hoy y mañana, seguramente, entrarán 20”.

Acceso sin discriminación
En el nuevo Código Penitenciario y Carcelario se garantiza el derecho al trabajo de los reclusos, a la salud, educación sin importar su orientación sexual. Esto para garantizar los derechos que la ley estipula.

La creación de un sistema especial de salud penitenciaria y la firma de acuerdos con centros de educación superior para que los estudiantes de derecho asesoren a los reclusos hacen parte de la reforma. Otro punto importante es que se otorgarán beneficios tributarios a las empresas o personas naturales que se vinculen a programas de trabajo y educación en las cárceles. Los internos que accedan a estas oportunidades de trabajo podrán cotizar para su pensión.

Las Opiniones

Otoniel Camargo
Abogado experto en derecho penal
“Mientras exista una sociedad injusta en términos económicos, van a seguir proliferando actividades delictivas como el atraco. Siento que no se gana nada con regular el hacinamiento o brindar rebajas de penas, mientras la falta de oportunidades continúe”.

Francisco Bernate
Abogado penalista
“Lo primero que debe hacer el Estado es reconocer la profundidad del problema, que no es nuevo y al que se le han brindado soluciones momentáneas como la Ley del Jubileo a mediados de los 80, con la que se le rebajó 10% de la pena a algunos presos”.