miércoles, 3 de octubre de 2018
Estado invirtió $100.000 millones para el desarrollo de 282 convocatorias
La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció que debido a las determinaciones que tomaron alcaldes y gobernadores de varios departamentos, el Estado podría llegar a perder $100.000 millones que fueron invertidos para la realización de concursos de méritos. La entidad advirtió que los casos más relevantes se encuentran en las convocatorias para Valle del Cauca y Cundinamarca. Sectores afirman que varios de estos concursos fueron suspendidos por una orden judicial del Consejo de Estado.
Según informó el presidente de la entidad José Ariel Sepúlveda Martínez, los concursos que adelanta la entidad buscan proveer 28.784 cargos tanto del nivel central, como del sector descentralizado. También afirmó que para estos cargos se inscribieron 574.714 personas, quienes debieron pagar el costo de un pin para poder aplicar a los cargos de las convocatorias.
La entidad advierte que debido a la renuencia de alcaldes, gobernadores y directores de las entidades que se encuentran en concurso, estos procesos no han podido realizarse en los términos definidos por la ley. La Cnsc advierte que esto podría traducirse en grandes demandas que elevarían los costos totales de las convocatorias y se afectaría el derecho al mérito.
LOS CONTRASTES
Alejandro Badillo Director Centro de Estudios Jurídicos Objeción
“Es una bola de nieve que viene del concurso de Prosperidad Social. La Cnsc adelantó muchos concursos que no cumplen con los requisitos de ley, por eso fueron demandados y se suspendieron”.
El abogado Alejandro Badillo, director del centro de estudios jurídicos Objeción, dijo que “los concursos solo se pueden suspender por una orden judicial”. También informó que muchos de estos concursos se encuentran detenidos porque “la Cnsc no cumplió con los requisitos de ley para proseguir con estas convocatorias”.
Para proveer 28.784 cargos se inscribieron 574.714 personas. Según los sectores demandantes, muchas convocatorias culminaron sin que se respetara el derecho al debido proceso de los empleados provisionales. Los demandantes también afirman que la responsabilidad por estos daños fue generada directamente por las actuaciones de la entidad.
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